El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado a la consellera de Educación, María José Català, a entregar a la diputada de EU en Les Corts Esther López la documentación solicitada hace más de un año sobre un colegio público.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, estima el recurso presentado por la parlamentaria contra la respuesta dada por la consellera a la documentación que pidió a principios de diciembre de 2013, relativa al creación del colegio público de Educación Infantil y Primaria de El Campello (Alicante) por fusión de otros dos.
López pedía copia íntegra y literal del informe emitido por el Servicio de Planificación Educativa, de la Dirección Generala de Centro y de Personal Docente.
En su contestación, Català aseguraba que la actuación aludida tiene como objeto obtener una mayor rentabilidad de los recursos personales y materiales destinados a la zona.
La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV considera que la respuesta de la Conselleria de Educación "no recoge" ni "se remite a causa/motivo legal alguno que excluya la puesta a disposición a favor de un miembro de Les Corts de estos documentos".
Lo que hizo la consellera, indica la sentencia, fue "no entregar copia" de los informes pedidos, sin mencionar en su escrito "la existencia de previsión normativa y/o aval jurisprudencial que le permite rechazar la entrega de cierto informe técnico".
El tribunal establece que la resolución de Català ha vulnerado el artículo 23 de la Constitución, que establece que "los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".
Asimismo, obliga a la consellera a entregar la documentación pedida por López en el plazo de 20 días, e impone las costas procesales a la Generalitat, en un fallo contra el que puede presentarse recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de diez días.
En un comunicado, López ha destacado que las sentencias del TSJ "que condenan al Consell por opacidad empiezan a ser sistemáticas", lo que, a su juicio, "resulta muy preocupante desde el punto de vista democrático", y ha pedido a la Generalitat que no la recurra.
La parlamentaria ha asegurado que "no tiene ningún sentido negar documentación pública a la oposición cuando la ley establece que examinar esa documentación es precisamente la tarea de la oposición".
