Fabra no parece dispuesto a dar por finiquitada su labor de deconstrucción del orden establecido en el PP y en el Consell que heredó del campsismo. Una estrategia que ha pivotado, hasta ahora, sobre dos patas: la política de las líneas rojas para desterrar a casi una docena de imputados de las Cortes e impedir la presencia de «contaminados» en el organigrama de la Generalitat. Al presidente le incomoda la concentración de poder fruto de un modelo, adoptado hace años desde Génova, consistente en aunar el cargo de presidente provincial del partido con el de máximo responsable de la corporación provincial.
Es un modelo pasado de moda y que habría que superar. Así se pronunció durante una comida, el miércoles en el Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Valencia. Según fuentes presentes en el acto, Fabra advirtió, para sorpresa de varios de los asistentes, que él no comparte el modelo vigente y que «ha de cambiar». Compartir las riendas del PP y de la corporación provincial implica un control absoluto del aparato del partido y de los alcaldes, gracias a la capacidad de reparto de subvenciones y ayudas con el presupuesto de la diputación.
Como ejemplos extremos de las consecuencias de la acumulación de poder, el jefe del Consell citó los casos de Carlos Fabra -recién entrado en prisión- y del expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll. «No ha de repetirse», proclamó según algunos presentes. La oposición del presidente de la Generalitat a la acumulación del cargo orgánico y el institucional quedó patente hace unos meses cuando cortó de cuajo las aspiraciones del vicepresidente del Consell José Císcar de ser el candidato natural a presidir la Diputación de Alicante, en vez de la actual titular Luisa Pastor. Porque Císcar ganó la presidencia provincial del PP en julio de 2012. Entendía, por tanto, que lo razonable es que fuera él quien aspirara a ese cargo institucional en vez de la alcaldesa de Sant Vicent del Raspeig. Pero Alberto Fabra se postuló a favor de Pastor.
