Cuando todavía faltan quince días para cumplirse un año del apagón de Canal 9, el presidente Alberto Fabra, responsable de aquella decisión que supuso el despido de 1.600 trabajadores y la desaparición de un medio de promoción del valenciano en pie durante 24 años, anunció ayer en las Cortes que está «dispuesto» a «hablar de una nueva Radio Televisión Valenciana» cuando las «circunstancias lo permitan». Un mensaje que dejó literalmente estupefactos incluso a los diputados del PP y que evidencia, según la oposición, que las consecuencias del cierre no se calibraron, incluida la pérdida de un instrumento electoral que los populares lamentan en todas las reuniones y que ha espoleado al barón provincial de Valencia, Alfonso Rus, a lanzar una televisión privada con subvenciones públicas de cara a las elecciones de mayo de 2015. Fabra, eso sí, condicionó el nuevo Canal 9 a que esté garantizada la «estabilidad presupuestaria» y el cumplimiento del déficit por la Generalitat, a que el nuevo ente no suponga «más impuestos» ni merma de fondos para las áreas sociales y a que su estructura sea «sostenible».
Unos requisitos cuyo cumplimiento, dada la situación de las arcas autonómicas, se antoja imposible a medio plazo. Y todo ello después de haber gastado en cerrar la antigua TVV al menos 144 millones -según cifró en junio el vicepresidente Císcar-, una suma que la oposición eleva a 200 millones. Las limitaciones al nuevo Canal 9 llevaron a la oposición a considerar el anuncio, a seis meses de los comicios, un brindis al sol electoralista. Desde Presidencia se recalcó después que no había rectificación en el jefe del Consell y que, en cualquier caso, las condiciones fijadas para poner en marcha el nuevo ente no lo hacían viable a corto plazo. Fabra negó ayer un cambio en su discurso al señalar que cerró Canal 9 porque «circunstancias sobrevenidas», en referencia al fallo del TSJ que anuló el ERE, impidieron que prosperara la RTVV «viable» que propusieron para «no tener que cerrar colegios u hospitales», pero que su modelo es el de «una televisión pública y en valenciano», siempre que sea «sostenible». Por eso avanzó que el PP apoyará la tramitación en las Cortes de la Iniciativa Legislativa Popular que aboga por una Radiotelevisión Valenciana, con 89.000 firmas.
La comparecencia de la ILP
En una estrategia que parece programada, el presidente de las Corts, Alejandro Font de Mora, recibió hace dos semanas a los promotores de la ILP -surgida como respuesta al cierre de Canal 9- y el portavoz popular, Jorge Bellver, quien se reunió con ellos la semana pasada, registró el martes un escrito para que el presidente de la comisión promotora, Manel Castañeda, comparezca en la Cámara. Esta cita podría celebrarse el 15 de diciembre. El 16, coincidiendo con el pleno de presupuestos, sería el debate de la iniciativa popular. Los populares subrayaron que la propuesta no plantea «plazos ni presupuesto» para el nuevo ente televisivo y es «una oportunidad para que la oposición se sume a lo que hace un año hizo inviable, una TVV sostenible». La ILP permitirá al PP enganchar con el discurso de la oposición, que ha prometido la reapertura de RTVV si gana en 2015.
Fabra, quien hizo el anuncio en respuesta a la pregunta de la portavoz de EU, Marga Sanz, sobre si sigue pensando que el cierre de Canal 9 era la mejor opción, detalló en los pasillos que el proceso de extinción de la antigua RTVV va a continuar y, entre tanto, garantizó la protección de los equipos, dejando claro que se trataría de crear una nueva televisión «partiendo de cero, con una nueva plantilla». Desde el PP se indicó que representantes del sector audiovisual con los que se reunieron estimaron que con los medios tecnológicos actuales es posible montar una TV con 400 trabajadores. Una cifra ajustada que los populares dan por buena.
Ayer, el actual delegado del Gobierno, Serafín Castellano, el único miembro del Consell que en su día se opuso al fundido a negro de Canal 9, sacó pecho: «Saben lo que he opinado siempre. Hace falta una radio y televisión pública sostenible y que hable en valenciano». Por contra, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, se desentendió y eludió opinar sobre el anuncio de Fabra al considerar que son «polémicas de otro ámbito. En el debate, Marga Sanz, en su última intervención como síndica de EU, zahirió al titular de la Generalitat evocando las dramáticas horas del apagón de TVV: «Pasará a la historia por ser el presidente que cerró Canal 9. Es su legado. Tras gastar 200 millones en el cierre, ¿no se arrepiente? ¿No siente nada?»
