Lo pudo decir más alto, pero no más claro. El empresario valenciano Ricardo Fuster, quien ayer declaró como imputado por haber pagado el alquiler del jet privado en el que el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi viajó a Creta en agosto de 2008 en compañía de una edil, aseguró que el político del PP le pidió que le adelantara el dinero y que cuando se lo reclamó le indicó que le pasara la factura al empresario Enrique Ortiz. Los investigadores y las acusaciones personadas en el proceso abierto por presuntos amaños en el PGOU de Alicante, marco en el ayer compareció Fuster, vienen manteniendo desde el principio que el empresario es el testaferro utilizado por el promotor para pagarle al entonces regidor el viaje como prebenda por facilitarle datos reservados del planeamiento urbano de la ciudad. En esta causa y por los mismos hechos está también imputada, entre otros, el empresario, la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y el redactor del PGOU Jesús Quesada.
Fuster, que testificó ayer a petición propia después de que declinara hacerlo cuando la causa se encontraba en el Tribunal Superior de Justicia y fue citado por el magistrado Juan Climent, explicó a preguntas de este diario que si no habló entonces fue por consejo de su abogado (que ha cambiado) y «porque no sabía muy bien qué se me imputaba».
Ayer, por contra, se desquitó. Tranquilo y respondiendo sólo a las preguntas del fiscal, el empresario explicó que Alperi, al que conoce de toda la vida («nacimos el mismo mes y el mismo año», precisó) le pidió el favor de que le adelantara el pago del alquiler de un jet privado para lo que él entendió que era un viaje oficial. El entonces alcalde le habría dicho que en el Ayuntamiento se demoraban en exceso los trámites y Fuster, que contrataba habitualmente este tipo de servicios en su empresa, Rocafort S.L., para enviar fruta, atendió la petición.
Recuperar el dinero
El problema surgió cuando el empresario quiso recuperar su dinero. Primero se dirigió a Alperi quien le indicó que hiciera la factura a nombre de Ortiz y la llevara a las oficinas que el empresario tiene en Valencia. Relató que allí se presentó con el documento (que su contabilidad figura como impagado) pero que en la mercantil le dijeron que, aunque conocían al alcalde de Alicante, no sabían en concepto de qué tenían que abonar ese importe. Así se lo hizo saber a Alperi, quien le volvió a indicar que no se preocupara, que iba a recuperar los 36.000 euros que había pagado. Y así fue. Según el testimonio que ayer prestó, una persona, que aseguró no saber quién era, le llamó al día siguiente para citarle en un bar de Valencia donde se presentó con un sobre que contenía los 36.000 euros en metálico, que le entregó.
El fiscal también se interesó por la compra, en abril del año siguiente, por parte de Alperi a la empresa de Fuster de un Mercedes S500 por un total 48.720 euros, IVA incluido. Un vehículo que, al parecer, el ya sólo diputado autonómico (dimitió como alcalde en septiembre de 2008) habría abonado sirviéndose de una línea de crédito que tenía con la CAM, según dijo Fuster.
