El pleno del Consell dio luz verde ayer al inicio del procedimiento de tramitación del anteproyecto de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana en las Cortes. El nuevo marco regulatorio, que tendrá que estar listo a más tardar el próximo 31 de enero, tal y como establece la ley estatal aprobada en abril, refuerza, al menos a priori, la posición de la provincia de Alicante. Y es que el texto, como ya aseguraron hace unos meses desde el Gobierno valenciano, pretende garantizar la continuidad de las cámaras de comercio de Orihuela y Alcoy, junto a la de Alicante, pese a que la legislación estatal sólo exigía una institución por provincia como mínimo. Con ello, tres de las cinco entidades camerales de la Comunidad Valenciana estarán en Alicante, manteniéndose la actual situación. No en vano, según destacaron desde el Consell, lo que se busca manteniendo este mapa es «facilitar la mayor capilaridad cameral en el territorio así como su integración para mejor funcionamiento de sus servicios».

Sin embargo, el peso de la provincia también quedará en evidencia el próximo miércoles, cuando el actual mandatario cameral alicantino, José Enrique Garrigós, se convierta en uno de los representantes de la Comunidad, junto a su homólogo en Valencia, José Vicente Morata, en la nueva Cámara Oficial de Comercio de España, cuyo pleno estará compuesto por 78 vocales.

Por otro lado, la regulación autonómica, como principal novedad, introduce el sistema de voto electrónico para facilitar la participación de los electores. La decisión, al menos de momento, parece que ha sido contemplada con buenos ojos por ciertos sectores empresariales, que creen que puede ser una buena fórmula para dar más garantías a los procesos electorales. En esta línea, fuentes de la Generalitat aseguraron que el borrador de anteproyecto sobre el que se está trabajando establece «un modelo de amplia base democrática y representativa del tejido empresarial de cada demarcación». Asimismo, detallaron que se mantiene la legitimidad democrática de sus órganos de gobierno mediante la elección directa de los vocales del pleno mediante el sufragio libre, igual, directo y secreto de todas las empresas de cada demarcación al menos en sus dos tercios. Paralelamente, se comprometieron a facilitar la representación directa de las organizaciones empresariales con más peso y de las mercantiles de mayor aportación voluntaria. En cuanto al capítulo el régimen de personal, el nuevo texto permite la creación de comisiones de trabajo, asesoras o mixtas, para fomentar la participación de las empresas. Finalmente, en cuanto a la regulación del Consejo de Cámaras, se basará en el sistema de gobernanza como órgano superior de coordinación de las cámaras en la Comunidad y de interlocución con la Generalitat.

La portavoz del Gobierno valenciano, María José Catalá, incidió en que «el objetivo de esta nueva regulación es optimizar la estructura y funcionamiento de las cámaras, adaptándolo al contexto económico y jurídico, y reforzando su carácter representativo y de defensa del interés general de la actividad económica y empresarial en su conjunto, y no solo de determinados sectores».