La alcaldesa de Alicante ha agotado el último cartucho para pedir que se le retire la imputación en la causa que investiga el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante alegando que los dos jueces que se han hecho cargo de la instrucción han violado las leyes, entre ellas la Constitución Española.
Castedo ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Alicante solicitando de nuevo el archivo de la causa contra su persona al entender que los hechos que se le imputan no están concretados, que son solamente sospechas, que ignoran los informes técnicos municipales, que el procedimiento puede ser nulo y que la instrucción de los dos magistrados que han llevado el caso (el del TSJ, Juan Climent, y el juez de instrucción que sigue la causa en Alicante, Manrique Tejada) solo cabe a través de «graves violaciones a la Constitución, a la Ley y a la jurisprudencia».
El recurso, presentado ante el tribunal provincial después de que el juez Manrique Tejada haya rechazado el archivo de la causarechazado el archivo de la causa, pone fin a la vía judicial ordinaria a través de la cual la regidora ha intentado, con uñas y dientes, quedar al margen de la investigación. El siguiente paso para seguir esta línea sería, según explicaron fuentes judiciales, solicitar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional como hizo su antecesor en la Alcaldía, Luis Díaz Alperi -también imputado por presuntas irregularidades en el PGOU-, y que le fue denegado.
La regidora arremete una vez más contra la Policía, la Fiscalía y, con especial contundencia, contra la instrucción llevada a cabo por los dos jueces sobre los que ha recaído el caso del PGOU. Insiste en que su imputación no está basada en hechos que se refieran a una conducta delictiva ni en datos objetivos, sino únicamente sobre una base subjetiva, concluyendo que sigue imputada porque así lo quiso el juez Climent y ahora Tejada, del que dice que carece, hasta el último momento, de datos para su imputación. Afirma que sería «muy grave que el señor instructor, teniendo los datos exigidos para la salvaguarda del derecho de defensa, se niegue a informar de los mismos», por lo que entiende que no lo hace, simplemente, porque no los tiene. Alega que el juez de Alicante, en la exposición razonada con la que derivó la causa al TSJCV al ser Castedo aforada, excluyó de las conversaciones aquellas en las que se negaba la existencia misma del delito. Poco menos, parece decir, que todo se hizo mal desde que la causa entró por la puerta del despacho de Tejada, quien inició la instrucción y a quien se le devolvió el procedimiento desde el TSJCV cuando la regidora dejó su escaño en las Cortes Valencianas.
Elementos silenciados
Aduce que existen «elementos objetivos suficientes que desvirtúan todas y cada una de las inculpaciones», pero que han sido desatendidos y silenciados, mientras que desde su defensa se ha acreditado, afirma, que todas las actuaciones urbanísticas están avaladas por informes técnicos no recurridos ante los tribunales, al tiempo que no se ha tenido en cuenta que todos los testigos interrogados en relación al PGOU negaron presión alguna. También sostiene que se han presentado las facturas de los viajes que se le atribuyen como regalos. Por último, alega que la Policía y la Fiscalía la investigaron de forma «planificada» a través del teléfono intervenido al empresario Enrique Ortiz, también imputado. La alcaldesa tilda de «inadmisible» que su situación procesal dure seis años, lo que, según su defensa, supera el tiempo prudencial.
Por otra parte, Tejada ha dado vía libre a la Policía para que siga investigando el patrimonio del hermano de Castedo y su socio así como de sus esposas después de destacar los agentes «sus altas retribuciones» ligadas a Salvetti Abogados, donde José Castedo y Francisco Gutiérrez eran socios. Se trata de la empresa que se encargaba de las alegaciones al PGOU.
