Además de La Vila y Dénia, el «conseguidor» de la red corrupta también prestó sus servicios a otros municipios de la provincia como San Vicente del Raspeig, Benissa y Teulada. La alcaldesa de San Vicente del Raspeig y presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, reconoció ayer que su consistorio pagó más de 26.000 euros entre 2011 y 2013 a la empresa de Alejandro de Pedro, detenido en la Operación Púnica, para la creación y mantenimiento de los perfiles de su municipio en las redes sociales. Pastor también afirmó que no se hizo ningún concurso al tratarse de contratos menores y que desconocía por qué se eligió a esa empresa, así como «las otras actividades que pudiera tener» el mencionado De Pedro. Desde EU ratificaron que la cantidad abonada a Eico asciende a 26.000 euros, al tiempo que pidieron explicaciones al PP de San Vicente del Raspeig sobre esta vinculación, al igual que el PSOE, que exigió aclarar todo el sistema de contratación con la mercantil.

Mientras, el gobierno del PP en Dénia pagó al menos 16.655 euros a la empresa de Alejandro de Pedro. Fuentes del gobierno local aseguraron que todas las facturas estaban fiscalizadas y controladas. La propia alcaldesa, Ana Kringe, comentó que Eico «hizo unos trabajos y se le pagó como a cualquier otro». «Son cantidades pequeñas y están totalmente fiscalizadas», sostuvo Kringe, que se declaró sorprendida por la detención del empresario.

De Pedro también trabajó con los ayuntamientos de Teulada y Benissa. El edil benissero Jorge Ivars, del PP, se mostró «absolutamente tranquilo» porque fue «poca cosa y los trabajos sí se hicieron». Por su parte, el alcalde de La Vila Joiosa, Jaime Lloret, aseguró que también contrataron a Alejandro de Pedro en 2010 para llevar las redes sociales del consistorio vilero y posicionar la web municipal, «ya que nos dijeron que era un buen profesional en ese sentido». Lo que no quiso precisar es quién lo hizo. Si fue desde la cúpula de su partido en Valencia, el PP, o no. Lo que sí precisó es que trabajó para ellos durante tres años y el último sólo cobraba 200 euros al mes. Según pudo saber este diario, llegó a cobrar hasta 826 euros al mes por posicionamiento del portal de Internet del consistorio vilero. Jaime Lloret comentó que eran unas colaboraciones con un gasto menor que están totalmente dentro de la legalidad. Es más, no teme que los motivos de su detención salpiquen a su municipio.