En la recta final de la época de Francisco Camps y con la crisis económica ya azotando con toda su virulencia a los ciudadanos, el Consell se gastó sin control entre los años 2009 y 2011 la friolera de 448 millones -unos 75.000 millones de las antiguas pesetas y ocho veces el presupuesto de Turismo para un ejercicio- a través de la caja fija, un fondo opaco que ahora se niega a publicar. Los informes de la Sindicatura de Cuentas revelan que mediante esa fórmula -dinero del que se echa mano para afrontar determinados pagos sin fiscalización previa y al margen del presupuesto- la Generalitat burló la acción del auditor público y eludió entregarle el listado de perceptores de esas cantidades. Una sentencia del TSJ que da la razón a Compromís -el grupo parlamentario que presentó la demanda en los tribunales para forzar a la Generalitat a sacar a la luz las cuentas- facilitaría ahora airear esa documentación pero, sin embargo, el Consell ya ha anunciado que recurrirá con lo que, al menos por ahora, seguirá evitando entregar a la coalición alrededor de 3 millones de facturas correspondientes al grueso de la gestión de Camps.
Entre 2006 y 2013, los ocho años sobre los que la resolución del TSJ obliga a hacer públicas todas las facturas abonadas por caja fija, el Gobierno valenciano consumió por ese sistema más de 1.150 millones. A 577.000 euros y 1.506 facturas de media por día hábil de la Administración, según los cálculos de los socialistas. Los informes de la Sindicatura de Cuentas de ese periodo, efectivamente, ponen reparos año a año a la gestión de la caja fija. La memoria del auditor público es especialmente dura en 2009, 2010 y 2011, la última etapa de Francisco Camps al frente del Consell que, como se recordará, tuvo que ceder a Fabra en el verano de ese último año después de que el juez le procesara por los trajes de Gürtel. La institución comisionada de las Cortes para el control de las cuentas públicas refleja en su informe que solicitó al Consell los datos de los beneficiarios. Pero, sin embargo, a continuación detalla que la documentación que recibió está incompleta o, directamente, que se «omitieron los perceptores». Eso limitó su acción fiscalizadora, como admite el informe, hasta ceñirla a cuestiones legales y administrativas.
Así y todo, la Sindicatura de Cuentas relata en su auditoría anual múltiples anomalías en el tratamiento de la caja fija, un fondo de dinero que se gestiona, aunque la cifra oscila, mediante el manejo de alrededor de 300 cuentas bancarias. Gastos mal computados, facturas pagadas fuera de plazo, justificantes de abono mal realizados... y, de forma sistemática, una vía para saltarse la ley de contratos. La auditoría de la institución fiscalizadora autonómica revela que la caja fija se utilizaba, por ejemplo, para abonar gastos sin control que, en la práctica, se tendrían que haber tramitado como un contrato menor. De esta manera, el Consell se evitaba trámites y «blindaba» aún más la adjudicación.
El fallo del TSJ, recurrido al Supremo por el Consell, ha puesto el foco sobre esta zona oscura de las cuentas. La mayoría del dinero lo consumen los hospitales para medicamentos y otros gastos. Pero cuando han trascendido facturas de otras consellerías el escándalo ha venido servido. Ahí han aparecido desde pagos de viajes y alojamientos, vitaminas para Fabra y hasta Huevos Kinder y pechugas Villaroy para algunos altos cargos, pasando por parte de los urinarios y uniformes de la visita del Papa a Valencia en 2006. Entre los diferentes departamentos se reparten las citadas 300 cuentas para que los cargos habilitados «tiren» de caja fija. En 2006 se gastó por esa vía 165,8 millones; en 2007, 176,7; en 2008, 190,4; en 2009, 182,9; en 2010, 173,9; en 2011, 92,8; en 2012, 85,2; y en 2013, 82,7 millones. Los fondos se reponen de dos cuentas, una del BBVA y otra de La Caixa.
