El PSPV de Alicante presentó ayer su recurso contra el auto del magistrado Juan Carlos Cerón del pasado día 6 en el que acordó el sobreseimiento provisional de la causa por el Plan Rabasa respecto al exalcalde Luis Díaz Alperi y la exsecretaria autonómica de Medio Ambiente y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, por presuntas irregularidades en la tramitación del planeamiento. El recurso insiste en que el informe de la Policía relata hechos que aportan suficientes indicios de delito como para investigar en este punto del procedimiento la implicación de Alperi y, aunque sea en menor medida, de Ureña. El escrito también recoge el famoso pasaje de los pinchazos del caso Brugal que revelan cómo Alperi -que ya no era alcalde por entonces- y la alcaldesa, Sonia Castedo, imputada en este procedimiento, se reunieron con directivos de Ikea en Oporto en una cita «clandestina» que «el juez ha entendido como oficial».
