El PP encargaba la organización del acto político a la trama Gürtel primero a Special Events y luego a Orange Market y pagaba una parte con factura con todas las de la ley. La cantidad restante hasta el coste real se abonaba con dinero «ajeno al sistema económico legal». Esos fondos del lado oscuro procedía de «sociedades del sector de la construcción de la Comunitat Valenciana con gran volumen de negocio» como «contratistas» de la Generalitat. Estas firmas (Lubasa, Enrique Ortiz, Sedesa, Piaf, Facsa, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez o Pavimentos del Sureste) también financiaban al PP mediante un mecanismo paralelo consistente en abonar a Orange Market servicios jamás prestados, que en realidad camuflaban gastos de los populares.
Ese modus operandi, «modelo» en definición policial, no operó en el PP valenciano de forma estable y permanente desde las campañas electorales de 2007 y 2008, investigadas por el TSJ como piezas 1 y 2 de la causa Gürtel. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) data el «modelo» en 2002, con Eduardo Zaplana de presidente de la Generalitat y José Luis Olivas de secretario general del partido. El 8 de junio de ese año, un mes antes de que el entonces jefe del Consell dimitiera para ser ministro de Aznar, se celebró la convención regional del PP. Los populares pagaron a Special Events, la empresa madre del grupo de Francisco Correa, 17.429 euros por ese acto. El dinero estaba exento de IVA. Porque se pagó en negro, según el informe de la Policía Judicial remitido al magistrado José Francisco Ceres y al que ha tenido acceso este diario.
Congresos pagados bajo mano
En septiembre de 2002 del 27 al 29 hubo congreso popular. El que sirvió para catapultar a Francisco Camps, al ser elegido secretario general del PP y futuro candidato a presidente, mientras Olivas le guardaba la silla en el Palau como presidente interino y delegado de Zaplana en la Generalitat. Los pagos en B en esa cita superaron la factura oficial. Así, el gasto declarado por el partido ascendió a 90.151 euros, mientras que se liquidaron otros 150.421 euros en dinero negro.
El congreso de 2004 también se abono en parte con «fondos ajenos al circuito económico» y que engrosaron la caja B de la organización de Correa y Crespo. Gürtel, los populares y la Generalitat ya formaban una unidad de destino desde un año antes de que la trama de Correa abriera franquicia valenciana. Porque Orange Market no se constituyó hasta el 24 de julio de 2003, al tiempo que Camps tomaba posesión como presidente de la Generalitat.
El último informe de la Udef repasa uno a uno los eventos del partido para cuantificar los pagos presuntamente ilegales. En total, cifra en 45 los actos realizados a lo largo de 2005, por un importe total de 479.908 euros. Al año siguiente, Orange Market montó 29 actos del PP, cuya factura legal ascendió a 425.885 euros. Después llegaron las dos campañas electorales: la de las municipales y autonómicas de 2007 y la de las generales de 2008. El informe de la Udef ratifica uno anterior de la Agencia Tributaria sobre la financiación aportada al PP por las empresas constructoras. Hacienda cuantificaba en 1,2 millones las aportaciones para pagar los mítines de 2007 y 2008. La Policía judicial detecta 425.948 euros abonados por las empresas de obra pública a Orange Market para asumir gastos del PP en 2007 y otros 683.504 euros por la campaña electoral de 2008. Transferencias a la empresa Gürtel que fueron soportadas por una supuesta prestación de servicios a las firmas privadas que nunca se produjo. Eran facturas falsas, según la policía.
