El juez instructor del Plan Rabasa, Juan Carlos Cerón, ha ordenado crear una pieza separada pieza separada dentro de la causa que investiga las presuntas irregulariades en la tramitación de este macroproyecto urbanístico para albergar bajo custodia judicial las escuchas telefónicas intervenidas por la Policía durante la investigación y a las que, a partir de ahora, solamente tendrá acceso el empresario Enrique Ortiz, denunciado por la formación EU junto a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; el exregidor Luis Díaz Alperi, y dos técnicos municipales de la gerencia de Urbanismo.

Tal y como le instó la Fiscalía en un recurso entregado fuera de plazo contra la providencia del 3 de junio en la que el juez acordó entregar la documentación a las partes, el magistrado ha mandado abrir una pieza separada para guardar las intervenciones telefónicas al incluir datos privados del empresario o pasajes que no están ligados a la investigación concreta de Rabasa. En este sentido, el juez ha ordenado custodiar, y limitar su acceso a Ortiz, las escuchas que entregó a las partes personadas en el caso, las mismas a las que ordenó días después devolver la documentación y los audios con las conversaciones al contener datos ajenos a la investigación del Plan Rabasa.

La nueva providencia de Cerón para custodiar y limitar el acceso a las escuchas de Rabasa, firmada el 28 agosto, añade que a éstas sólo podrá acceder Ortiz hasta que se determine qué conversaciones podrán unirse a la causa. Y esto lo hará en función de la necesidad de las partes para ejercer su derecho de defensa o acusación, pero también en función de las escuchas que se incluyen en el informe policial que ha presentado en el juzgado el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional,informe policial respecto al que aún no se ha pronunciado el magistrado al considerar que está incompleto al faltarle unos anexos.

La providencia también indica, en contestación a una de las partes, que en la causa ya constan los autos de intervención de las comunicaciones de Enrique Ortiz junto a los informes policiales y la unión a la causa de los escritos que el Ministerio Fiscal presentó junto con los informes policiales en el juzgado de Instrucción 3 de Orihuela durante las prórrogas para mantener pinchado el teléfono del empresario. Asimismo, el magistrado da traslado a las partes de la unión al procedimiento del informe policial presentado por la UDEF que lleva en su mesa desde mediados del mes de julio.

En él, tal y como publicó INFORMACIÓN, la Policía sitúa a Castedo, Alperi y a dos técnicos de la Gerencia de Urbanismo -Isabel Campos y Enrique Sanus- entre la red de contactos de los que supuestamente se valió el empresario para lograr que el Plan Rabasa se aprobara y que la multinacional Ikea fuera a parar a su suelo tras la influencia de los citados cargos. Sin embargo, el juez no ha entregado el informe a las partes ya que está a la espera de que éste se complete con los anexos y copias que no dio tiempo a incluir tras los plazos que impuso Cerón para adelantar su entrega.