La sucesión de casos de corrupción que han venido sacudiendo la Comunidad Valenciana en los últimos años han cristalizado, por fin, en penas de cárcel para sus autores. El empresario Ángel Fenoll, el "rey de las basuras" en la Vega Baja, ha sido condenado a 35 años de prisión por 11 delitos fiscales. El ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, del PP, deberá ingresar en la cárcel antes del 31 de julio por delitos de prevaricación y falsedad documental. Tiene suerte, podrá elegir prisión. Desde Martutene a Fontcalent tiene una amplia oferta de penitenciarias para pasar, al menos, 15 meses de su vida antes de obtener el tercer grado. Lo de Carlos Fabra también ha costado lo suyo. Adolescentes nacidos a finales de los 90 pueden leer hoy que el jefe del PP de Castellón entrará en prisión próximamente, a pesar de que todavía estaban en la incubadora cuando comenzaron a publicarse las primeras revelaciones sobre corrupción ligadas al tipo que más suerte tiene jugando a la Lotería de España. Resultan llamativas dos cuestiones, a saber: una, que todos los personajes relatados en esta crónica de la arcada y el vómito son dirigentes del Partido Popular o empresarios muy próximos a la formación que día a día nos da lecciones de honradez, transparencia y democracia; y dos, que en todos los casos campa a su anchas un profundo desprecio por el dinero de los contribuyentes. En países como EE UU, esta palabra, contribuyentes, es sacrosanta. Aquí define al conjunto de personas que con su trabajo y sus impuestos contribuyen a que muchos sinvergüenzas de la política y el mundo empresarial aparezcan ante la justicia y la opinión pública como lo que son en realidad, una colla de cuatreros.
