Un día más, la Generalitat Valenciana se vio obligada a responder por los múltiples casos de corrupción que salpican al PP en la Comunidad. Ayer mismo fue el jefe del Consell, Alberto Fabra, el que tuvo que valorar las escuchas telefónicas captadas por la Policía en las que se explicita una estrecha relación entre la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el constructor Enrique Ortiz, uno de los mayores adjudicatarios del consistorio e imputado tanto en Gürtel como en Brugal. «Hay conversaciones que no me gustan, como ésas y como otras», proclamó Fabra al ser cuestionado por el contenido de esas escuchas. Aunque trató de esquivar la situación judicial de Castedo -imputada por tres delitos en la pieza de Brugal que investiga el supuesto amaño del PGOU de Alicante a favor de Ortiz-, el presidente subrayó que si a la hora de hacer la listas continúa imputada, no podrá concurrir a las próximas elecciones locales bajo el paraguas del PP. «Ningún imputado irá en las listas», remachó.
Pese a que la designación de los alcaldables del partido en las capitales de provincia es competencia exclusiva de Génova, Fabra recordó que su «línea roja» es inamovible. Todos aquellos dirigentes encausados en procesos judiciales, se llamen como se llamen, quedarán fuera de cualquier candidatura. El presidente se postuló en estos términos durante una visita a El Campello, donde previamente se reunió el Ejecutivo autonómico. Su portavoz, María José Catalá, también valoró los problemas judiciales de Castedo. Tras su tradicional comparecencia de los viernes para detallar los acuerdos adoptados por la Generalitat, Catalá prefirió echar balones fuera y se limitó a recordar que Fabra «ha aplicado la línea roja en los cargos que dependen orgánicamente de él». Ayer mismo, de hecho, el Ejecutivo prescindió del número dos de Hacienda después de su imputación por adjudicar unas obras al arquitecto Santiago Calatrava en Castellón. Alberto Fabra y el Consell «siempre han ejercicio una tolerancia cero frente a los casos de corrupción», apostilló.
No fueron los únicos que hablaron ayer de Castedo. En declaraciones a Cuatro, el presidente de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro, y el presidente de Hosbec, Antoni Mayor, reclamaron ayer al titular de la Generalitat que fuerce la dimisión de la alcaldesa. Esta misma semana, la asamblea de Cepyme, de hecho, aprobó una declaración en la que se denunciaba la marea de «putrefacción y de corrupción» que afecta a las instituciones con una «mafia» que controla las adjudicaciones públicas.
Rapapolvo
María José Catalá también anunció ayer que habrá rapapolvo de Fabra a la hija de Luis Díaz Alperi. Elisa Díaz, diputada del PP en las Cortes, ha sido recientemente imputada por haber agredido supuestamente a una ciudadana británica tras una discusión. Cuestionada sobre si las difusas líneas rojas del jefe del Consell afectan también a dirigentes encausados por piezas que no estén relacionadas con corrupción, la también consellera de Educación matizó que no... aunque afirmó que el jefe del Consell dialogará con ella. «Reitero el planteamiento expuesto.
Elisa Díaz es una diputada autonómica y el acta es personal», comenzó diciendo. Pero añadió: «Evidentemente, trabajaremos con ella sobre esta incidencia para que se solvente lo antes posible y el presidente le comunicará lo que opina de esta cuestión». Respecto a la línea roja, Catalá apuntó que hace referencia exclusivamente a aquellos casos en los que hay dinero público de por medio.
