La dirección nacional del PP tiene decidida ya sus líneas rojas contra la corrupción y es mucho más laxa que la que ha decretado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para los suyos y cuya próxima víctima será el secretario de Hacienda y Presupuestos, Eusebio Monzó, imputado por presuntas irregularidades en la contratación con el arquitecto Santiago Calatrava en Castellón. Para Génova sólo la apertura de juicio oral debería obligar al Gobierno o al partido a tomar una decisión sobre los cargos afectados.
La investigación abierta por el proyecto jamás ejecutado del Centro de Convenciones de Castellón encargado en la época de Francisco Camps a Calatrava es un ejemplo de la doble vara de medir en Madrid y Valencia. El juez ha citado a dos altos cargos en activo; Eusebio Monzó, mano derecha del conseller Juan Carlos Moragues y el actual subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Benzo, en su día máximo responsable de la oficina del arquitecto valenciano.
El primero tiene la espada de Damocles encima y es previsible que hoy el pleno del Consell apruebe su relevo, tal como deslizó ayer la coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig. Preguntada por el futuro de Monzó, Bonig afirmó: «Mañana (por hoy) se tomarán las decisiones que se tengan que tomar; ya dijo el conseller Moragues, igual que el presidente, que la línea está marcada», manifestó. Rajoy, por contra, descarta relevos en Educación. El cese de Monzó es inminente. Como mucho podría aplazarse a que el juzgado notifique la citación. Moragues medita si guardarle el puesto.
