09 de julio de 2014
09.07.2014
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EU pide al juez que cite como imputados a Castedo, Alperi y Ortiz por el plan Rabasa

La coalición solicita que la investigación de la macrourbanización y de Ikea se inicie de inmediato y reclama que se interrogue a técnicos municipales, a empleados del empresario y al socialista Ángel Franco

08.07.2014 | 22:44
EU pide al juez que cite como imputados a Castedo, Alperi y Ortiz por el plan Rabasa

El portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, informó ayer de la presentación de un escrito ante el juzgado de Instrucción número 6 de Alicante en el que se solicita al magistrado Juan Carlos Cerón que arranque, «sin mayor dilación», la instrucción de «la pieza del caso Brugal del presunto amaño del Plan Rabasa y de la llegada de Ikea a sus terrenos». En un comunicado, Pavón señala que en el escrito presentado al juzgado se solicita el inicio de la toma de declaraciones como imputados, entre otros, de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; su antecesor Luis Díaz Alperi; y el empresario Enrique Ortiz, y en «calidad de testigos» de otras diez personas, entre las que están el representante de Ikea, Silvain Laval, y el socialista Ángel Franco.

En ese escrito, EU concreta su solicitud de comenzar la investigación con «la solicitud de la práctica de dos diligencias de investigación». La coalición de izquierdas exige, por un lado, que se llame a declarar «en calidad de imputados» a las ocho personas contra las que EU dirigió la denuncia con la que en durante el año 2012 «consiguió reactivar esta pieza de Brugal por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias». Se trata, apuntaron estas mismas fuentes, de Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi y Enrique Ortiz, el gerente de Urbanismo Enrique Sanus, la funcionaria de la Gerencia de Urbanismo Isabel Campos, María Ángeles Ureña –antiguo alto cargo de la conselleria de Urbanismo y actualmente presidenta de la Confederación del Júcar– y dos altos cargos de carreteras del Ministerio de Fomento, Enrique Peiró y Francisco Javier Criado.

Y, además, por otra parte, EU también solicita que acudan a declarar «en calidad de testigos» diez personas: tres son o han sido funcionarios municipales –José Luis Ortuño, María Ángeles de la Sierra y Miguel Ángel Cano–, tres trabajan para Enrique Ortiz o prestan sus servicios al empresario alicantino imputado en Gürtel y Brugal –Javier Llorens, Carlos Parodi y Rafael Ballester–, dos trabajan para Ikea –Álvaro Bengoechea y Silvain Laval– y, finalmente, otros dos son el dirigente de los socialistas alicantinos Ángel Franco y el anterior presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues. La petición de EU se suma a la que ya realizó el PSPV y sería, en caso de materializarse, la segunda imputación para Castedo.

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