El auxilio económico del Gobierno central a la Generalitat no saldrá barato. El Consell tendrá que desembolsar al menos 4.315,18 millones de euros sólo en intereses desde 2015 hasta 2024. Esa cifra, calculada por el diputado socialista Julián López Milla a partir de respuestas parlamentarias facilitadas por el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, evidencia la enorme hipoteca que tendrán que afrontar futuros gobiernos valencianos. Pero es que a esa carga financiera hay que sumarle, además, las amortizaciones que deberá saldar el Ejecutivo de Alberto Fabra con el propio Gobierno central por los préstamos del rescate. En caso de refinanciar todas las deudas que arrastra la Generalitat con el Estado -muchas de ellas se antoja prácticamente imposible pagarlas en tiempo y forma- al tipo de interés con el que se ha formalizado el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2014 -un 3,08%, el más bajo de todos los préstamos concertados con el Gobierno central-, la administración valenciana tendría que amortizar 2.528 millones de euros anuales desde 2017 hasta 2024. Sumando los intereses, habrá ejercicios, como en 2017, que se tendrán que reservar más de 3.150 millones para reintegrar al Estado.
El calibre de esa cifra se entiende mejor si se compara con las cuentas anuales de la Generalitat. Representa una quinta parte del total del presupuesto, casi la misma cuantía que se destina en todo un año a Educación y cinco veces más de la asignación con la que cuenta Bienestar Social. Y a ella habría que añadir, además, el dinero que hay que devolverle también a las entidades financieras, con sus correspondientes intereses. Sólo para este año, las cuentas de la Generalitat han reservado 4.261 millones para el Servicio de la Deuda.
El colapso financiero del Consell hace inviable devolver en tiempo y forma las cantidades prestadas por el Estado. El Ejecutivo autonómico, de hecho, ya se ha visto obligado a refinanciar 2.110 millones que tendría que haber devuelto a Madrid2.110 millones . Todo el gobierno valenciano, con Alberto Fabra a la cabeza, ha dicho basta y esta misma semana ha proclamado que ni impondrán más ajustes, ni podrán cumplir con el objetivo de déficit para este año si el Gobierno no trasvasa fondos adicionales, ya sin préstamo, a las arcas autonómicas. Existen varias opciones: o se aplica la retroactividad del nuevo modelo de financiación a 1 de enero de 2014 o se arbitra un mecanismo que compense a las comunidades que están discriminadas con el actual sistema de reparto de fondos estatal. El problema estriba en que el número dos de Cristóbal Montoro en Hacienda, Antonio Beteta, ha dicho alto y claro que no. Que ni una cosa, ni la otra.
Y si no llega dinero adicional, será harto complicado que se puedan reintegrar las cantidades del rescate, según admiten desde la propia Generalitat. Una tercera vía pasaría por compensar parte de ese dinero con la deuda histórica que arrastra el Gobierno central con el Consell. Los expertos designados por las Cortes la han elevado a 13.500 millones, una cifra inferior a la que ha recibido el Consell del Estado a través de préstamos desde 2012 (22.334 millones).
Fue ese año, el primero completo de Mariano Rajoy en La Moncloa, cuando el Gobierno insufló oxígeno en las autonomías que rozaban el colapso. Entre ellas, la valenciana. Se crearon el plan de pago a proveedores y el FLA, y se concedieron préstamos a bajo interés a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Ese primer año, llegaron 4.423 millones para saldar impagos con las empresas, 3.829 millones para hacer frente a vencimientos de deuda y 2.716 millones del ICO. La ayuda del «papá» Estado no terminó ahí. En 2013 se trasvasaron 3.094,62 millones para proveedores y 3.119,72 millones del FLA; mientras que este ejercicio se recibirán 5.150 millones del fondo de liquidez, de acuerdo con los datos recabados por el socialista Julián López Milla. En total, el rescate del Gobierno con la Comunidad rebasa los 19.600 millones de euros.
Si no fructifica ninguna de estas tres opciones y las arcas del Consell no reciben más dinero, no habrá más remedio que refinanciar estas deudas. «La devolución de estos préstamos es imposible», zanja López Milla. Si todos esos créditos se refinanciaran en las mismas condiciones que el FLA de este año -las mejores de todos los mecanismos impulsados hasta ahora-, la Generalitat debería desembolsar esos 4.315,18 millones en intereses, como mínimo, hasta 2024. Pero si el Gobierno decidiera no rebajar el tipo de interés, esa cifra sería netamente superior. Sea como fuere, un aspecto es evidente. El Consell, pese a las constantes ayudas estatales, tardará lustros en equilibrar sus cuentas. Y, para agravar la situación, todavía seguirá necesitando durante varios meses más nuevos créditos estatales.
