En la que podría ser una de sus ultimas actuaciones ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Juan Climent antes de que el asunto sea devuelto a Alicante, los abogados de la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, han dirigido un escrito al instructor de la causa por las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU en el que se denuncian que se ha retrasado «sin causa justificada ni motivación legal alguna» la entrega o gestión de documentación requerida por el juez para la investigación de este caso.
La causa que desde julio de 2012 se instruye en el TSJ pretende aclarar si Castedo y su predecesor en la Alcaldía Luis Díaz Alperi facilitaron datos no públicos del planeamiento urbano de Alicante al empresario Enrique Ortiz a cambio de regalos. Los dos políticos del PP y el constructor se encuentran entre los cerca de veinte imputados sobre cuya suerte tendrá ahora que pronunciarse el magistrado Manrique Tejada. Este juez, titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante e instructor del proceso antes de que tuviera que ser enviado al TSJ por el aforamiento de Castedo y Alperi, ambos entonces diputados autonómicos, deberá retomar ahora la investigación después de que ambos hayan abandonado su escaño en las Cortes perdiendo así su fuero.
Los letrados de la regidora, José María Asencio y Juan José Martínez Albert, apoyan en casos concretos sus quejas por lo que ellos consideran retrasos injustificados. Como ejemplo citan una información que fue respondida por los registros mercantiles a los que se les solicitó entre los días 7 y 14 junio de 2013 y que la Brigada de Policía Judicial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (BPPJ-UDEF) habría tardado en presentarla al instructor más de diez meses, según los juristas. En el escrito aluden también a otro requerimiento relativo a una mercantil de Castellón realizado mediante un oficio que data del 3 de junio de 2013 pero que «no fue presentando ante el Registro Mercantil hasta el 24 de febrero de 2014». La certificación que se demandaba fue contestada ese mismo día pero no se envió al instructor hasta el 8 de marzo de este año, afirman.
Poner un plazo
Los defensores de la regidora aseguran que supuestos como éstos «no hacen sino ratificar la veracidad de las constantes quejas formuladas relativas a la existencia de retrasos injustificables y sin motivación legal alguna que dilatan innecesariamente el procedimiento en perjuicio de mi representada». Expresan por ello su «protesta por la reiterada afectación que se está produciendo del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y piden que se adopten las medidas necesarias para que las diligencias que aún les queda por practicar a la BPPJ-UDEF «se aporten a la mayor brevedad posible concediendo en este sentido un plazo perentorio a los agentes para que entreguen los documentos pendientes de entrega».
No es la primera vez que los defensores de la alcaldesa llevan con escaso éxito este planteamiento ante Climent, quien en una de sus últimas respuestas a escritos presentados por los letrados llegó a decirles que eran ellos quienes, con sus reiteradas alegaciones, estaban provocando las dilaciones de las que se quejan.
La tardanza en la entrega de los documentos no el único tema por el que los abogados arremeten contra los agentes. También lo hacen al hilo de la interpretación que realizan sobre el uso privado del subsuelo en relación con la construcción de un aparcamiento bajo la zona verde del Rico Pérez, que los investigadores entienden que se le da al propietario del estadio, algo que los letrados tildan de «absoluto desacierto, falso y gratuito».
