El vicepresidente del Consell, José Císcar, disipó ayer cualquier atisbo de duda. Si Sonia Castedo continúa imputada en Brugal en la antesala de las elecciones locales de 2015, no podrá concurrir a esos comicios. Al menos, bajo el paraguas del PP. «Si sigue imputada, se aplicarán las directrices que ha dado Alberto Fabra», zanjó al ser cuestionado por las posibilidades de que la alcaldesa de Alicante sea de nuevo la cabeza de cartel del partido en caso de continuar encausada. En un primer momento, el también presidente provincial del PP eludió mojarse. Preguntado al respecto, se limitó a apuntar que prefería «no entrar a valorar» los tiempos judiciales. Repreguntado por el mismo tema, apostilló que su partido prefiere «vivir el presente». Fue al tercer intento cuando al fin respondió a la pregunta. Sin embargo, volvió a insistir en que 2015 queda aún «muy lejos». «Estamos en 2014 -prosiguió- y ahora lo importante son las elecciones europeas» que se celebrarán el próximo mes de mayo.
Cuando llegue esa cita con las urnas, Castedo podría no ser ya diputada autonómica. La dimisión de Luis Díaz Alperi, encausado también en la misma pieza por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, acelerará la renuncia de la alcaldesa en las Cortes y la investigación judicial retornará a un juzgado de Alicante -ahora se encuentra en el TSJ de la Comunidad-. Los tiempos judiciales se prolongarán y, según fuentes próximas al caso, es bastante probable que Castedo continúe imputada mediado el año 2015. «Prefiero hablar de cosas reales. Sonia Castedo es aún diputada autonómica y si toma la decisión, personal, de dejar el acta y por ello la causa viene a Alicante, los tiempos judiciales son los que son. Y nosotros no entramos a valorar los tiempos judiciales», concluyó el vicepresidente del Consell.
Císcar se postuló en estos términos instantes antes de presidir una jornada Intermunicipal organizada por el PP de la provincia, y menos de 48 horas después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuestionara la ya famosa «línea roja» de Alberto Fabra. El exalcalde de Madrid anunció este miércoles en el Congreso que el Gobierno está ultimando una reforma legal que permitiría que los imputados sí pudieran concurrir a los comicios, pero no así los procesados. El presidente del PPCV, sin embargo, ha vetado a unos y a otros. No quiere ni a encausados, ni menos todavía a dirigentes a los que se les haya abierto juicio oral.
Pese a ese cambio normativo, Fabra mantendrá su criterio, tal y como adelantó ayer este diario. El propio Císcar lo corroboró por la mañana durante su tradicional comparecencia de los viernes tras el pleno del Consell. «El presidente Fabra es el único gran dirigente público que tiene una línea clara y diáfana para los casos de corrupción. Ha dicho que es incompatible estar sentando en un escaño y en un juicio oral, y eso se está cumpliendo de manera totalmente puntual y estricta. Además se va a seguir cumpliendo en el futuro, sin ninguna duda», agregó. El también portavoz del Ejecutivo remachó que «nadie» ha traspasado por ahora en las Cortes esos márgenes que ha impuesto el jefe del Consell.
La parlamentaria alicantina de EUPV Esther López Barceló censuró esas declaraciones de Císcar y afirmó que las líneas rojas de Fabra «son un cuento que no se creen ni los niños». «El PP valenciano está tan podrido de corrupción que o se hace una limpieza generalizada y rotunda o se hace la política cosmética y de maquillaje que practica Fabra y que no sirve para nada», sentenció.
