El Gobierno prepara una reforma legal que cuestiona la «línea roja» del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y que daría pie a que los imputados por corrupción, contra el criterio del jefe del Consell, reclamaran formar parte de las candidaturas del PP para los comicios de 2015. En una intervención en el Congreso, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció que su departamento trabaja en un texto para prohibir por ley la inclusión en listas electorales para ocupar cargos públicos de los procesados en sumarios por corrupción -encausados en procedimientos judiciales que están sólo a expensas de sentarse en el banquillo- pero que, por contra, no se opondría a la presencia de imputados. La tesis de Gallardón pone en jaque la «línea roja» de Fabra pero, por contra, sí casa con la posición de la cúpula del PP de Alicante, inclinada a tomar decisiones contra los imputados por corrupción sólo cuando se dicte sentencia.
Las palabras de Alberto Ruiz Gallardón en el Congreso en respuesta a la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ponen a Fabra en una tesitura muy complicada para aguantar sin más movimientos su «línea roja» contra la corrupción. El jefe del Consell, apuntaron fuentes de la dirección regional del PP, se mantendrá firme: está decidido a pedir el acta a los cargos públicos procesados con fecha para sentarse en el banquillo y a sacar de las candidaturas a los dirigentes que lleguen imputados a los comicios de 2015. La reforma de Gallardón -aún en fase muy embrionaria y con un largo periplo parlamentario antes de que entre en vigor- eliminaría cualquier obstáculo legal, por contra, para la presencía de imputados en las listas para las citas con las urnas.
Ese giro que se está cociendo en Madrid con una «línea roja» más laxa que la que marcada por Fabra alimentaría aún más, si cabe, la tensión entre el titular del Consell y los imputados del PP, ya muy encendida a raíz de las presiones de la cúpula popular y del «enfado» que se ha generado, especialmente, entre la vieja guardia y los antiguos seguidores de Francisco Camps. Lo cierto, sin embargo, es que con la legislación en la que está trabajando el Ministerio de Justicia, por ejemplo y de no producirse más cambios en su situación procesal, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, podría exigir su presencia en las candidaturas del PP como también los diputados David Serra, Ricardo Costa o Yolanda García Santos, entre otros. Por contra, ni Milagrosa Martínez ni Rafael Blasco tendrían ya acomodo en las candidaturas populares. Con la «línea roja » de Fabra, en caso de que le aplique hasta sus últimas consencuencias, ni unos ni otros acabarían teniendo un número en las listas. Así que el conflicto está servido.
Fuentes de la dirección regional del PP, en este sentido, dieron por hecho que en ningún caso el presidente de la Generalitat va a mover más su «línea roja» contra la corrupción. La dejará donde está y reiteran, por tanto, en que los imputados en sumarios por corrupción no formarán parte de las candidaturas. El caso de la ciudad de Alicante, en todo caso, tiene un problema añadido para Fabra.
La elección del cabeza de cartel y de las listas de las capitales son competencia de Madrid pero a propuesta de cada dirección provincial. Así que el futuro de Sonia Castedo no está en manos de la decisión de Alberto Fabra sino en el criterio de Génova una vez que escuche a la dirección provincial del PP. Y, desde luego, como se ha podido comprobar en los últimos días, la posición de la cúpula de los populares alicantinos pasa por navegar en un posición más prudente que la de Fabra y esperar a la resolución judicial de cada caso antes de tomar decisiones, muy en la línea del planteamiento que lanzó Gallardón en el Congreso.
