La batalla interna en el PP sobre el futuro de los imputados por corrupción en las candidaturas electorales amenaza con salpicar la estabilidad interna de Génova. No se trata de una cuestión menor. Todo lo contrario. Estamos ante un asunto de calado que tiene un impacto directo sobre la credibilidad de los populares en un momento en el que la desafección política alcanza los niveles más altos de la etapa democrática. Y la lucha contra la corrupción es un elemento clave que medirá la capacidad de las fuerzas políticas para intentar remontar el vuelo.
No sólo el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se muestra a favor, contra el criterio que ahora quiere marcar Gallardón en el Congreso, de sacar a los imputados por corrupción de las candidaturas electorales. Las organizaciones territoriales de Galicia con Alberto Núñez Feijóo, Baleares con José Ramón Bauzà y Castilla y León ya se han mostrado favorables a seguir el camino del titular del Consell. Tampoco quieren imputados en sus candidaturas. En los tres casos, como el de la Comunidad Valenciana, se trata de autonomías en las que el PP ha disfrutado, con altibajos, de largas etapas de gobierno.
Fuentes de la dirección regional del PP descartaron ayer dar marcha atrás y defendieron que Fabra podrá aplicar sin problemas su «línea roja» contra los imputados en tanto que se trata de medidas todavía más duras y ejemplares que las planteadas por Alberto Ruiz-Gallardón. Pero, en todo caso, el Ministro de Justicia ha terminado por crear otro problema a Fabra.
