Alberto Fabra elevó ayer un poco más la presión sobre Milagrosa Martínez. El Comité de Derechos y Garantías del PP, reunido en Valencia, acordó iniciar el trámite de expediente con un expediente a la alcaldesa de Novelda y diputada en las Cortes después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) haya fijado ya la fecha en la que «La Perla» deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Ya hay, incluso, instructor del procedimiento para proponer la expulsión.

La primera edil noveldense se encuentra procesada en la pieza número uno del caso Gürtel. En concreto, en la que ha investigado las adjudicaciones de la Generalitat Valenciana a la trama corrupta para montar el estand de la Comunidad en Fitur durante las ediciones de entre 2005 y 2009. Durante esa época, Martínez fue la consellera de Turismo -hasta el año 2007, cuando la sustituyó en el cargo la ya dimitida Angélica Such- y selló varios contratos con la red que dirigía en la Comunidad Álvaro Pérez «El Bigotes».

Los Estatutos nacionales del PP -defendidos por Fabra en el congreso de Sevilla- son muy claros al respecto. Cuando a un dirigente popular se le imputa, se le abre de manera automática un expediente informativo. Si la imputación se eleva a procesamiento, se da paso a un expediente disciplinario; mientras que si el juicio termina en condena, se procede a la expulsión inmediata. Milagrosa Martínez se encuentra a día de hoy en el segundo de estos casos, dado que el próximo 31 de marzo comienza el juicio en la sede del TSJ. Pero el PPCV, sin embargo, no quería esperar a una hipotética condena. Su presidente, Alberto Fabra, ha elevado durante las últimas semanas la presión sobre la alcaldesa de Novelda para locon este objetivo de que entregue su acta y deje de engrosar la lista de imputados de su partido en la Cámara autonómica. A día de hoy aún son siete. Y hasta hace poco eran ocho, dado que Angélica Such, también procesada en la misma pieza, sí decidió dar un paso atrás y renunció a su escaño. Ambas se exponen a penas de calibre. Especialmente Martínez, a la que la Fiscalía le pide 11 años de cárcel y 9 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de cohecho.

Pese a las intenciones de Fabra, la alcaldesa de Novelda no tiene previsto dar un paso atrás. Al menos por ahora. Pretende mantener su silla en las Cortes en la bancada popular hasta que se resuelva su situación judicial. Pero el presidente del PPCV no quiere esperar tanto. Ahora bien, ¿cómo actuará? Una opción que cobra fuerza es la de expulsar a Martínez del grupo del PP por desobediencia. Aunque los Estatutos prevén la expulsión cuando llegue la condena, también contemplan la posibilidad de adoptar «medidas cautelares».

Entre ellas, la suspensión de militancia en los casos de infracciones graves y muy graves. Una de ellas es «desobedecer las instrucciones o directrices» de los órganos de gobierno del partido o de sus grupos institucionales. Los populares se han marcado hasta el 31 de marzo para lograr que se vaya. Si no lo hace, la podrían expulsar de forma «cautelar».