La Ciudad de la Luz se gastó casi un millón de euros en el despacho de abogados Garrigues desde que inició su actividad, según denunció ayer la diputada socialista y portavoz de Grandes Eventos, Eva Martínez. La cuenta de la defensa del complejo cinematográfico en los pleitos contra Aguamarga, así como contra el Tribunal Europeo rebasó los 600.000 euros, según las facturas a las que ha tenido acceso el PSPV. Además, a eso cabe añadir que los estudios de cine contaron con el asesoramiento jurídico del citado bufete desde el año 2002. Esa cuenta se prolongó hasta diciembre de 2013 y superó los 200.000 euros, según los documentos que le han facilitado a la parlamentaria a través de una petición a las Cortes. La suma se acerca al millón de euros.
Los costes derivados del litigio entre Aguamarga, gestora de Ciudad de la Luz desde su origen, y el complejo cinematográfico fueron de 130.545 euros. Pero, sin lugar a dudas, el pleito que engrosa más la cuenta es el mantenido entre el Tribunal Europeo y los estudios de cine alicantinos, cuya defensa se cifró en 515.800 euros, según se detalla en las facturas. Como se recordara desde Bruselas consideraron que las ayudas concedidas por el Consell a la Ciudad de la Luz eran «ilegales» y se ordenó su devolución. Asimismo, la empresa Ciudad de la Luz disponía del asesoramiento fiscal del despacho de abogados Garrigues, por el cual se pagaba, de manera trimestral, una minuta de más de 4.000 euros. La última factura, en este sentido, es de diciembre del pasado 2013. En total, se llegaron a destinar 211.392 euros a este concepto.
Desde las filas socialistas criticaron la inversión realizada en servicios jurídicos externos al Consell y lamentaron que Ciudad de la Luz no recurriera a la abogacía de la Generalitat. «Se podría haber utilizado, perfectamente, a los letrados de los que dispone el Gobierno autonómico», consideró Martínez a la par que apuntó que «hay un convenio suscrito en virtud del cual, y a razón de 3.600 euros al año, la abogacía autonómica podría prestarle este asesoramiento y defensa en juicio». Una afirmación que fue rebatida por la exdirectora del complejo cinematográfico Elsa Martinez. Los letrados del Ejecutivo autonómico no daban el «perfil especializado» para este tipo de litigios, según explicó la que fue la máxima responsable de los estudios de cine durante parte de la etapa que incluye la denuncia socialista. Hay que tener en cuenta que los abogados autonómicos se centran en el derecho administrativo mientras que la materia ligada a los pleitos de la Ciudad de la Luz era mercantil e incluso de legislación europea. Frente a esto, la diputada socialista alegó que se podrían haber contratado a otros letrados a través de los servicios de la Generalitat y no de manera externa, tal y como se ejecutó.
Contratación
Además, Elsa Martínez hizo especial hincapié en que los servicios de asesoramiento jurídico por los que se facturaron más de 200.000 euros no eran un acuerdo exclusivo entre la Ciudad de la Luz y Garrigues. La exdirectora explicó que la contratación del citado bufete se hizo a través de Proyectos Temáticos, empresa pública de la Generalitat impulsora de los estudios de cine así como de otras grandes actuaciones en la provincia, como Terra Mítica. «Era un servicio generalizado para todo el conglomerado de empresas de Proyectos», recalcó Martínez. Por su parte, la parlamentaria del PSPV rebatió esa afirmación. «Hay más de 100 facturas que están a nombre de Ciudad de la Luz y no a cuenta de Sociedad de Proyectos Temáticos», sentenció.
