La Fiscalía ha acusado a una funcionaria de Hacienda por revelar datos fiscales secretos al empresario Ángel Fenoll, uno de los imputados en el caso Brugal en varias de las piezas separadas que se desgajaron de esta macrocausa, entre ellas, la relativa a la investigación de presuntas irregularidades en el Plan Zonal de la Vega Baja y la construcción del vertedero comarcal.
El Ministerio Público solicita para la empleada de la Agencia Estatal de la Administración tributaria, destinada en la delegación de Alicante, dos años de prisión e inhabilitación absoluta durante seis años por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por facilitar al empresario información protegida de familiares y de sus empresas, que estaba siendo investigadas, a través de un asesor. Éste sería quien directamente acudía a la funcionaria, según consta en el escrito de calificación de la Fiscalía, presentado esta semana en el juzgado y al que ha tenido acceso este diario.
El fiscal acusa también del mismo delito al asesor, un hombre de confianza del industrial oriolano para quien le solicita dos años de prisión e inhabilitación especial para ejercer el sufragio durante el tiempo de condena. Sin embargo, el fiscal ha acordado el sobreseimiento del caso respecto al delito de estafa supuestamente cometido por éste en el que la víctima denunciante habría sido Ángel Fenoll. El acusador público considera que no hay suficientes datos que acrediten la citada estafa.
El abogado del Estado representa en esta causa los intereses de la Agencia Tributaria, la otra parte personada en la causa como denunciante/querellante, además de Ángel Fenoll, que denunció la mencionada estafa una vez estuvo ya adelantado el procedimiento contra la funcionaria y el asesor.
Según el escrito de acusación del fiscal, en virtud de las funciones que desempeñaba y de los datos a los tenía acceso, la funcionaria filtró al allegado de Fenoll datos fiscales del industrial oriolano de los que solamente podía informar a los interesados o a sus representantes de acuerdo a la Ley, y a través de órdenes de sus superiores.
Por estos hechos, la Fiscalía pide para ella dos años de cárcel y seis años de inhabilitación, y para el acusado dos años de prisión. Sin embargo, a esta acusación de la Fiscalía hay que sumar también la que solicite a partir de ahora la abogacía del Estado en nombre de Hacienda, que podría adherirse a la petición del fiscal o elaborar un escrito de acusación propio.
La defensa de la trabajadora ha mantenido en todo momento que la joven funcionaria nunca se extralimitó de sus funciones como auxiliar de la delegación de Alicante.
Empresas investigadas
Esta pieza judicial abierta en Alicante se desprendió de la macroinvestigación llevada a cabo por un juzgado de Orihuela en el seno del caso Brugal. El juez solicitó a un juzgado de Alicante que abriera una pieza separada por la presunta filtración de información confidencial desde Hacienda cuando este organismo ya estaba investigando a Fenoll por una decena de delitos fiscales.
El conocido empresario oriolano de las basuras es uno de los imputados en la causa del Plan Zonal para la Vega Baja, otra de las piezas separadas de Brugal que Anticorrupción mantiene abierta. Según sostiene la Fiscalía, Enrique Ortiz y el industrial oriolano tendrían intereses en la finca de la pedanía oriolana de Torremendo donde, en connivencia con el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, también imputado, se iba a llevar a cabo la construcción del vertedero comarcal de la Vega Baja.
