Una familia valenciana ha reclamado al ministerio de Educación los gastos que debe asumir en un centro concertado para garantizar la enseñanza en valenciano de su hija, tras la imposibilidad de acceder a esta opción en una escuela pública.

A través del servicio jurídico de la oficina de derechos lingüísticos de la asociación Escola Valenciana, esta familia espera que se le garantice un "trato igual" que a las familias que solicitan la enseñanza en castellano en otras autonomías con lengua propia, según estipula la nueva Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

La familia, que ganó el juicio para abrir una línea de enseñanza en valenciano en el colegio público Ramón y Cajal de Xirivella, ha presentado una solicitud al ministerio de Cultura en la que insta al ministro a aplicar la Lomce en su caso.

Según informa Escola Valenciana en un comunicado, la familia pide a la Administración que asuma los gastos que genera llevar a su hija a una escuela cooperativa que ofrece enseñanza en valenciano, porque en su localidad y en el centro público donde lo solicitó en el curso 2010-2011 "no fue posible por la denegación de la Conselleria de Educación".

Reclama asimismo diferentes daños en términos económicos y personales que le han causado el hecho de tener que buscar una alternativa para garantizar la enseñanza en valenciano a su hija.

Matricular a la menor en un centro concertado les supone un gasto mensual de 100 euros, por ser de otra localidad, un gasto de transporte mensual de 160 euros y otros 100 euros mensuales de comedor escolar, ya que la distancia entre el centro educativo y el domicilio familiar imposibilita que pueda ir a comer a casa.

En total, los gastos por el pago del centro concertado, el transporte y el comedor durante cuatro cursos asciende ya a más de 17.000 euros, informa Escola Valenciana.

Según esta organización, la falta de oferta de enseñanza en valenciano en las escuelas públicas de Xirivella hizo que esta familia buscara la enseñanza en valenciano en la escuela cooperativa Les Carolines de Picassent.

Denuncia asimismo que la Conselleria de Educación "continúa incumpliendo" la sentencia que dictó la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia el 13 de noviembre de 2013.

Dicha sentencia estimaba que había que reconvertir a valenciano una de las unidades educativas de primer curso de Primaria del centro, justo la línea donde tendría que estar estudiando la hija de la familia demandante.

En el curso académico 2010-2011, la dirección del C.P.Ramón y Cajal de Xirivella solicitó un cambio de programa educativo a valenciano, con la aprobación del Consell escolar y un informe favorable de la inspección educativa, que fue denegada por la Conselleria de Educación.

Esta denegación fue recurrida por 12 familias, pero según informa Escola Valenciana, la Generalitat no admitió el trámite e "impidió" que una veintena de familias pudieran escolarizar a sus hijos en valenciano como habían solicitado.