El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha reservado más de seis meses para la celebración del primer juicio del caso Gürtel. La secretaria judicial acordó ayer con las partes que la vista arranque a finales de marzo y la previsión es que concluya en octubre tras 48 sesiones. El TSJ ha establecido que los dos primeros días sean para cuestiones previas y los acusados comenzarán a declarar el 3 de abril. Álvaro Pérez «El Bigotes» tiene que testificar el 4 y Francisco Correa el 11 de abril. La exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, que se enfrenta a 11 años de cárcel, será interrogada el 23 de abril y la exconsellera Angélica Such, para la que piden 9 años de inhabilitación, cerrará las declaraciones de los procesados. La sala ha establecido el calendario hasta el 1 de agosto, aunque podría sufrir modificaciones. Afectará a toda la precampaña para las elecciones europeas.
La vista -que arrancará el 31 de marzo y acabará en octubre- es por la tercera pieza de Gürtel, que se centra en las adjudicaciones a Orange Market del stand de la Comunidad en Fitur entre 2005 y 2009. Es la primera vez que los supuestos cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez- se van a sentar en el banquillo de los acusados ya que la rama de Gürtel que investiga la Audiencia Nacional no ha llegado a juicio. La Fiscalía pide que sean condenadas trece personas. El acusador reclama que los líderes de la trama sean sentenciados a penas de entre seis y once años de cárcel. El ministerio público también pide once años de cárcel para Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo. Betoret ya fue condenado a una multa de 9.600 euros por la causa de los trajes.
El fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, acusa a los responsables políticos de las adjudicaciones de Fitur -Milagrosa Martínez y Angélica Such- y a los funcionarios de la conselleria que las tramitaron y que supuestamente facilitaron información privilegiada a la trama de Correa. Los trece acusados se sentarán en el banquillo por prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
