08 de febrero de 2014
08.02.2014

«Cuando vi las facturas pensé: "¿Pero esto qué es?"», dice una ex alto cargo de Blasco

Amparo Ortiz asegura ante el tribunal que los técnicos de la Conselleria detectaron «cosas raras» con las subvenciones

08.02.2014 | 00:32
Rafael Blasco.

Amparo Ortiz, exjefa de Servicio de Gestión Administrativa y Asistencia Jurídica de la extinta Conselleria de Solidaridad, afirmó ayer en el juicio del caso Cooperación que cuando vio las facturas aportadas por la Fundación Cyes para sustituir las que justificaban la compra de pisos pensó: «¿Pero esto qué es?». La exalto cargo se percató de que eran «falsas», y así se lo trasladó, según dijo, al exjefe de Área Marc Llinares y a la exsecretaria general Tina Sanjuán. Ortiz, que actualmente es asesora en la Abogacía de la Generalitat, se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, en el juicio por la primera pieza del caso Cooperación. En él se investigan presuntas irregularidades en la concesión de ayudas por parte de la extinta conselleria a la Fundación Cyes en 2008 por importe de 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron 43.000 euros a su destino, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles, de acuerdo con la investigación judicial.

Ortiz, quien ha pasado por las consellerias en las que ha estado el exconseller y diputado no adscrito en las Cortes Rafael Blasco, explicó que comenzó a trabajar en la conselleria a partir de diciembre de 2008, cuando ya se habían concedido las subvenciones a la fundación, y que dependía directamente de Marc Llinares. La testigo indicó también que tuvo conocimiento de estas ayudas «cuando llegó el momento de cerrarlo», ya que Llinares le pidió que lo mirase porque era «un tema delicado». Momentos antes, agregó, ya había oído a varios técnicos decir que habían pasado «cosas raras» con estas subvenciones y que hasta se habían comprado pisos con el dinero de cooperación, algo a lo que no le dio importancia hasta que tuvo en sus manos los expedientes.

Cuando los vio, dijo que fue a hablar con Llinares y con Sanjuán y les indicó que «no podía ser», que la compra de pisos no era objeto de la subvención y que había que reintegrar el dinero. Entonces «empezaron los problemas» y ellos le respondieron que fue un «error» de la conselleria, que ya sabían que se iban a comprar los inmuebles y que eran conscientes de que lo habían concedido «mal». «Intentaron convencerme de que era culpa nuestra, y se me ocurrió la ida de poner los pisos a nombre de los beneficiarios, de la gente de Nicaragua. Era una cosa un poco rara, pero podían así vivir de los ingresos del alquiler de los inmuebles», apostilló.

Acto seguido, apuntó que le pidieron que mandara un requerimiento a la fundación con este extremo, y así lo hizo. Con posterioridad, una técnico, Francine Codina, le comentó que estaba todo subsanado con nuevas facturas que había aportado la fundación «dentro de plazo» y que «estaba todo claro». Cuando vio estas nuevas facturas, que sustituían las de la compra de pisos, se percató de que «no podía ser». «No me lo creí. Después de haber visto que en los expedientes se habían justificado los gastos con la compra de pisos, era imposible que dos años después aparecieran de repente facturas de un proyecto que no....». Así, advirtió a Llinares y a Sanjuán de que las facturas eran «falsas». «Eran imposibles», insistió. Esas facturas «aparecieron de la noche a la mañana» y tras advertir de esa situación, apuntó que le apartaron de los expedientes. Además le comentaron que no tenía por qué dudar de las facturas.

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