La Generalitat Valenciana se encuentra infrafinanciada por parte del Estado. Ese es el mantra que ha repetido el PP durante los últimos años para justificar el galopante déficit del Consell ejercicio tras ejercicio. El resto de partidos con representación en las Cortes (PSPV, Compromís y EUPV) han compartido esa idea. ¿Y qué piensa el Gobierno central? Hasta ahora, los responsables del Ministerio de Hacienda han eludido hablar de discriminación en unos territorios y sobrefinanciación en otros con el fin de no herir sensibilidades. Ayer, sin embargo, uno de los expertos designados por el Ejecutivo para sentar las bases del nuevo modelo de financiación autonómica, Ángel de la Fuente, admitió abiertamente lo que parecía evidente: la Comunidad Valenciana recibe menos fondos de los que le correspondería en función de su población y está infrafinanciada.
En una comparecencia ante los periodistas en la Universitat de Girona, De la Fuente mentó de manera directa el caso de la Comunidad. Afirmó que el actual sistema de reparto de fondos, aprobado en 2009 con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, beneficia a autonomías como Aragón, Extremadura, Castilla y León, Cantabria y La Rioja, mientras que penaliza a otras, como la propia Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. «Un tercio de las diferencias proviene de la financiación per cápita y eso es lo que nos preocupa, porque hay diferencias de financiación entre unas regiones y otras que pueden ser evidencia de un reparto desigual que plantea problemas de equidad», espetó. De la Fuente es, junto a Ramón Barberán (Universidad de Zaragoza) y Ezequiel Uriel (Universidad de Valencia e Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), uno de los tres expertos designados por el Ministerio de Hacienda para elaborar la nueva metodología para definir las balanzas fiscales. Los tres llevan trabajando un año en un extenso informe de 700 páginas que explicitará el castigo económico que sufre la Generalitat, cifrado por los expertos de las Cortes en más de 1.000 millones de euros anuales.
En ese prolijo documento, los tres economistas han constatado que el actual sistema de financiación genera desigualdades «de entre 25 y 30 puntos porcentuales» entre unas regiones y otras. «Es difícil de justificar, porque va en contra del principio constitucional de igualdad», agregó.
A la misma hora que De la Fuente ofrecía algunas de las conclusiones del informe, el vicepresidente del Consell, José Císcar, comparecía ante los periodistas para dar a conocer los acuerdos adoptados ayer en el pleno del Ejecutivo. Preguntado por si el déficit de la Comunidad hasta noviembre, cuantificado en el 2,01 % de su PIB (cuatro décimas más de lo que exigía Cristóbal Montoro para todo el año), conllevará nuevos tijeretazos, Císcar respondió que no. «No van a hacerse más ajustes por parte del Gobierno valenciano, más allá de lo que son labores de actualización y eficacia, pero ajustes, lo que entendemos como tales, no van a producirse», resumió. El también portavoz del Consell afirmó que su Ejecutivo autonómico «no tiene margen para poder hacer más» y recalcó que el ministro de Hacienda es consciente de ello.
