A un año todavía de que se empiecen a elaborar las candidaturas electorales para los comicios municipales de 2015, el PP abrió un melón de consecuencias, a día de hoy, impredecibles y que puede acabar, además, por convertirse en un nuevo foco de conflicto en las filas populares. Durante su habitual comparecencia semanal, el vicepresidente de la Generalitat y líder del PP en Alicante, José Císcar, traspasó la «línea roja» que había marcado hasta ahora el jefe del Consell, Alberto Fabra, y abrió la puerta a la presencia de imputados en listas.

Hizo, eso sí, una distinción «clara» entre los imputados en investigaciones por corrupción y los encausados en procedimientos que Císcar definió como «administrativos». Unos, los primeros, reiteró el vicepresidente del Consell, no estarían en las candidaturas. Sobre los segundos, dijo, «no se ha tomado una decisión» aunque, en todo caso, el líder del PP de Alicante defendió -citando el caso, sin ir más lejos, del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, imputado por un delito electoral en los comicios de 2011- su continuidad o la de cargos locales explicó, imputados por prevaricación a la hora de evitar el cierre de un establecimiento que causaba molestias a los vecinos. «¿Es eso corrupción?», se preguntó.

«Tenemos que distinguir claramente entre una imputación por corrupción y una imputación administrativa», lanzó a modo de conclusión Císcar.

Esa doble vara de medir, desde luego, puede abrir, como opinaron varios dirigentes del PP consultados, otro debate interno. Unos imputados quedarán apartados y otros podrán repetir. ¿Dónde estará la línea entre una cosa y otra? Al final, la decisión quedará, con una norma tan ambigua, en manos de la cúpula del PP. «Es una distinción que será un foco de conflicto. Habrá unos que repitan y otros que no. Tendremos que explicarlo y nuestros propios cargos no lo entenderán», reflexionó un dirigente del PP. «Cuando hemos hablado de las listas electorales, hemos dicho que imputados que tengan que ver con casos de corrupción no pueden y no van a estar en las listas; sobre el resto, no se ha tomado ningún tipo de decisión», indicó Císcar. Hasta ahora, por contra, las intervenciones del vicepresidente y del propio Fabra habían ido en la dirección de vetar a los imputados en las listas. Sin distinción. Al tiempo, tampoco han sido capaces de explicar los motivo por los cuales Fabra destituye a cargos de la Generalitat por estar imputados mientras, por contra, mantiene a diputados y alcaldes -caso de la propia Sonia Castedo- en sus puestos.

La intervención de Císcar alimenta las dudas dentro del PP sobre el cumplimiento de la famosa «línea roja». Como se recordará, cargos populares ya solicitaron a Fabra durante un comité ejecutivo regional que bajara la guardia con los imputados. La situación es que, en estos momentos, el PP no se puede permitir, como ocurrió en 2011, presentar candidaturas llenas de imputados. Pero, al tiempo, tiene patatas calientes de muy difícil resolución que le pueden acabar generando todavía más problemas.