El fiscal Anticorrupción sigue sin saber quién hizo llegar a Jesús Quesada, redactor de la última revisión PGOU de Alicante, la propuesta de Aligestión, la mercantil participada por el empresario Enrique Ortiz, para remodelar la zona del Rico Pérez. Un proyecto que incluía, además de la reforma del estadio, la construcción de un gran centro comercial con un edificio para acoger oficinas o incluso un hotel y del que acabaron desistiendo sus promotores apenas unos meses después de presentarlo.
Las declaraciones ayer de Miguel Ángel Cano, arquitecto municipal cuando se planteó la propuesta y hoy ya jubilado, y del responsable jurídico de Urbanismo, José Luis Ortuño, no aportaron mucha luz sobre esta incógnita que fue precisamente la que les llevó ante el magistrado Juan Climent, instructor del proceso que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad por presuntas irregularidades en el planeamiento urbano de la ciudad. Una causa en la que, además del empresario y entre otros, están imputados la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por supuestamente facilitar información reservada del PGOU a cambio de prebendas.
Las acusaciones quieren saber quién y por qué se trasladó la propuesta de la sociedad de Ortiz para el Rico Pérez a Quesada (que no llegó a emitir un informe sobre ella) cuando otro técnico municipal, el también arquitecto Manuel Beltrá, quien declaró hace unas semanas también como testigo, ya la estaba estudiando para concluir que un proyecto de esa envergadura no se podía plantear al margen del planeamiento general. Un informe que no se adjuntó a la primera revisión que se somete al pleno para su aprobación (por falta de tiempo, según apuntan algunas partes personadas en el proceso, o para que no constara su existencia, según otras) pero con el que está totalmente de acuerdo Miguel Ángel Cano, que considera una aberración urbanística la propuesta de Ortiz y así lo hace constar por escrito aunque por posterioridad a la primera luz verde municipal.
Las acusaciones mantienen que los testimonios de ayer no se pueden desgajar de declaraciones anteriores sobre este mismo tema prestadas por Beltrá, por la también técnico Isabel Campos, por Quesada o por la propia Castedo, ninguna de las cuales despejó la incógnita del traslado a Quesada de la propuesta de Ortiz para el Rico Pérez.
Una vez visto que los testimonios de Ortuño y Cano no disipaban las dudas del fiscal, las defensas supieron aprovechar la presencia de dos técnicos municipales de reconocida solvencia para preguntarles por la existencia de supuestas presiones en la confección del planeamiento para beneficiar intereses privados. Ambos negaron rotundamente haber recibido indicaciones de Enrique Ortiz o de personas de su entorno, Ortuño explicó que eran habituales las reuniones en la gerencia de Urbanismo por las tardes (como la que la Policía vigiló con asistencia de Castedo, Ortiz, Quesada y una cuarta persona que Ortuño aseguró que no era él), y que se hacían por la falta de tiempo para presentar los informes.
Las partes coincidieron en destacar la serenidad de las declaraciones de ambos técnicos, que ocuparon toda la mañana de ayer.
