El juez Antonio Ferrer incide en su auto que un amarre en el puerto Marina Deportiva con características similares a donde tiene atracado su catamarán el exalcalde de Alicante tiene un coste para otros usuarios de 12.000 euros. El magistrado considera que el gerente de las instalaciones, Javier Palacio, permitió el amarre gratuito del barco de Alperi «en consideración a su influencia en la ciudad y a su condición pública como diputado autonómico», motivo por el que procesa a ambos por cohecho impropio. El auto subraya que se trata de unas instalaciones de titularidad privada que constituyen un recinto cerrado con vigilancia permanente y para cuyo acceso hay que superar dos barreras. Para acceder con el vehículo es preciso contar con una tarjeta magnética, que le fue entregada tanto a Alperi como al patrón del barco. El amarre contaba con servicios de luz y agua.
