El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que investigaba si el exalcalde de Alicante y diputado autonómico en las Cortes Valencianas, Luis Díaz Alperi, había cometido delitos contra la Hacienda Pública ha dado por concluida la instrucción y dictado auto de incoación de procedimiento abreviado, colocando al exprimer edil al borde del banquillo. El juez de la Sala Civil y Penal, Antonio Ferrer, atribuye a Alperi tres delitos contra la Hacienda Pública (en 2007, 2008 y 2010) y procesa también a los empresarios Antonio Moreno y Antonio Solana por haber ayudado al exalcalde a cometer el fraude, según el auto difundido ayer por el TSJ. Para garantizar que paguen las multas en el caso de una hipotética condena, el juez les reclama el pago de una fianza de 1,4 millones en el caso de Alperi, de 900.000 euros para Moreno y de 625.000 para Solana. Asimismo, tanto Alperi como el gerente de Marina Deportiva, Javier Palacio, en caso de concluirse el proceso, serían juzgados también por cohecho impropio por no cobrar cantidad ninguna al primero por el amarre de su catamarán en las instalaciones. El juez ha archivado la causa para otro de los empresarios imputados, José Contreras, al entender que no hay base para atribuirle una participación directa en el delito fiscal. En estos momentos, Alperi tiene abierta otra investigación en el TSJ por las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante; mientras que en un juzgado de esta ciudad está por arrancar otra denuncia por el Plan Rabasa.
El auto judicial, contra el que cabe la posibilidad de recurso, pone a los imputados al borde del banquillo. El magistrado ha trasladado lo actuado tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado para que soliciten si se abre juicio oral y presenten sus respectivos escritos de acusación, o bien el sobreseimiento, o bien la práctica de diligencias complementarias.
Las fianzas que ahora señala el juez fueron solicitadas por la Agencia Tributaria. El magistrado valora que los hechos investigados «hacen temer que ante una condena», los investigados hagan maniobras que «podrían dificultar, cuando no imposibilitar, la ejecución de la resolución que pueda recaer». Asimismo, incide en que precisamente la investigación de la Agencia Tributaria determina que los acusados tienen «solvencia».
Las cantidades presuntamente defraudadas por el exalcalde de Alicante en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ascenderían a cerca de 682.000 euros para los que se podría haber valido de personas interpuestas, concretamente Antonio Moreno en 2007 y durante 2008 y 2010 de Antonio Solana.
La investigación sostiene que durante trece años el exalcalde simuló negocios con dos sociedades domiciliadas en Madrid para ocultar ingresos de procedencia desconocida y con los que saldó una deuda tributaria de un millón de euros. El juez entiende que no ha quedado suficientemente probado que el empresario José Contreras tuviera participación directa en estos hechos y que la investigación apunta a que es Antonio Moreno «quien anticipa y quien ofrece la cantidad, satisfaciendo así, por razones que no han quedado bien determinadas, el crédito que pesaba sobre el señor Alperi», dice el auto. El magistrado considera poco creíble «que una persona que se tiene por un prudente y experimentado comerciante, otorgue un crédito de un millón de euros a una persona que en su declaración admitió no conocer de antes», y añade que «todo ello sin exigir garantía, ni pago de interés alguno». Para el juez, «las dudas no se eluden por el hecho de que días antes de dictarse esta resolución se haya hecho un pago parcial de ese crédito». Según el auto, el exalcalde pudo defraudar 405.531 euros en 2007.
Los otros dos delitos fiscales se habrían cometido con la adquisición del catamarán del exalcalde en 2008 y valorado en 852.000 euros, a nombre de una mercantil cuyo único fin es la propiedad de la embarcación. Al magistrado, le llama la atención que el empresario Antonio Solana aporte la mitad del importe del barco, «pese a no hacer uso de la misma, ni ocuparse de su mantenimiento, lo que una vez más se nos presenta como una sorprendente forma de financiación». La investigación atribuye a Alperi una deuda al fisco de 144.862 euros por sus incrementos injustificados de patrimonio detectados a raíz de la compra de la embarcación en 2008. El presunto fraude fiscal de 2010 ascendería a 132.468 euros por simular negocios a través de la empresa del catamarán para ocultar unos ingresos no declarados de 308.209 euros, según el auto.
El juez no ha visto indicios de uno de los delitos denunciados por la Fiscalía, el de falsedad documental, ya que los documentos utilizados en las operaciones de los implicados «no se trata de la alteración o manipulación de un documento original. «Las personas que otorgan el documento en cuestión (...) efectúan una serie de manifestaciones que no se corresponde con la realidad», argumenta el juez, una «falsedad ideológica» que es impune cuando el delito se imputa a particulares.
