El gerente del puerto deportivo de Alicante, Javier Palacio, volvió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Comunidad para explicar por qué quien fuera alcalde de la ciudad y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi no pagaba por atracar en esas instalaciones el catamarán que tuvo desde octubre de 2008 hasta que lo vendió a principios de año.
En esta ocasión como imputado, no como cuando fue citado en calidad de testigo el pasado mayo, Palacio compareció de nuevo ante el magistrado Antonio Ferrer, instructor del proceso abierto contra Alperi, contra su socio y expresidente del Alicante Antonio Solana y contra dos administradores de otras tantas sociedades radicadas en Madrid por tres delitos fiscales y uno de cohecho. La Agencia Tributaria primero y la Fiscalía después consideran que el político del PP ocultó a Hacienda alrededor de dos millones de euros de origen desconocido generando con ello un fraude de cerca de 700.000 euros correspondientes a las cuotas del IRPF de tres ejercicios fiscales que habría dejado de pagar.
Tras ratificar su primera declaración, cuando aseguró que no podía cobrar a Díaz Alperi por el amarre que utilizaba al encontrarse fuera de la concesión (afirmación que, a instancias del instructor, fue rebatida por la Autoridad Portuaria, que sí lo considera punto de amarre susceptible de ser cobrado y que también confirmó la utilización del mismo por el catamarán del diputado durante varios años) Palacio aludió a la amistad que desde hace décadas ha mantenido su familia con la del exregidor, unas relaciones que se remontan a la juventud de Alperi y a la de los padres del gerente de la marina deportiva. Un extremo por el que no fue preguntado en su comparecencia de mayo pero que ayer agregó a aquella declaración. Alejandro Bas, el letrado que asistió a Palacio en su declaración, quiso precisar al término de la misma que cuando el exprimer edil comenzó a atracar su barco en el polémico amarre hacía ya un mes que había dejado la Alcaldía y que como diputado carecía de poder ejecutivo.
La Fiscalía amplió la denuncia inicial por los delitos fiscales y de falsedad al cohecho impropio del artículo 422 del Código Penal que castiga tanto al cargo/funcionario público que recibe un regalo como a quien lo hace.
Además de Palacio, cuya condición de imputado por este cargo no ha variado tras la comparecencia de ayer, también testificaron propietarios de embarcaciones que atracan en puntos de amarre próximos al del político y hasta el capitán de uno de los yates. Algunos de estos testigos, que respondieron a las preguntas a través de videoconferencia, relataron lo que viene a ser lo habitual de un usuario de las instalaciones de la marina deportiva: pagar por el uso de los puntos de amarre cantidades que, según precisaron en su día a este diario, oscilan entre los 12.000 y los 14.000 euros anuales.
Final de la instrucción
Salvo petición y acuerdo de nuevas diligencias no parece que la instrucción de este proceso vaya alargarse mucho más allá de este año. En la fecha de finalización podría pesar el inicio, el próximo 7 de enero, del juicio por el caso cooperación de cuyo tribunal es miembro el magistrado Ferrer.
