«Me siento muy satisfecho». Fueron las palabras que el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, manifestó a las agencias de prensa Efe y Europa Press después de que se conociera la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Satisfecho porque el tribunal -formado por los magistrados Esteban Solaz, Pedro Luis Garrido y Aurora de Diego- le ha absuelto de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, que no fueron debidamente acreditados en la vista oral celebrada durante el mes de octubre.

Porque esa es la idiosincrasia de Carlos Fabra. Mostrarse fuerte, valiente, contundente en todo lo que dice, tanto que llega a ser hasta convicente. Por ello, para el principal acusado de esta trama, el fallo no ha sido negativo, o no del todo. Sin embargo, no se da por vencido. El que fuera presidente de la Diputación de Castellón durante 16 años anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia de la Audiencia que le condena a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra las arcas públicas, así como a pagar una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad. Con todo, Fabra es consciente de la gravedad de los hechos y sus consecuencias. Por ello, ya ha pedido la baja como militante del PP.

El expresidente de la corporación provincial de Castellón indicó que, pese a que todavía no había tenido acceso a la sentencia, sigue considerándose «inocente» y aclaró que los cuatro años de cárcel a los que se le condena corresponden a un año por cada uno de los cuatro delitos. A pesar de esa pena que deberá cumplir, el exalto cargo popular remarcó su satisfacción por no haber sido condenado por cohecho y tráfico de influencias que, a su juicio, era la cuestión «políticamente más importante» de la que se le acusaba. Así mismo, no se olvidó de cargar contra los grupos de la oposición a los que acusó de haberle «culpado permanentemente de corrupción». Algo de lo que, según consideró, ha sido «absuelto». Un hecho por el que, insistió, está «muy satisfecho». Por otra parte, Fabra justificó su intención de recurrir la sentencia, ya que entiende que los delitos por los que ha sido condenado son «un tema privado con Hacienda» y, por ello, quiere pedir una nueva opinión al TS. Una opción que postergará su entrada a prisión. Además, el exlíder popular en Castellón no agacha la cabeza y esta misma mañana atenderá a los medios para realizar una valoración de la resolución judicial.

El presidente provincial de los populares de Castellón, Javier Moliner, aseguró ayer, en referencia a la baja como militante del partido presentada por el propio Fabra, que será tramitada por su formación política antes de expulsarle. Moliner mostró su «más absoluto respeto» a la decisión judicial, a la par que recordó que, en estos momentos, Carlos Fabra «no ocupa ya ningún cargo ni orgánico a nivel de partido ni institucional».

Las reacciones en el seno de la formación no se hicieron esperar y muchos dirigentes a nivel nacional se hicieron eco de la sentencia. En concreto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, expresó, al igual que Moliner, su «respeto» por la decisión judicial, aunque rompió una lanza a favor del expresidente de la Diputación de Castellón cuando señaló que, de momento, «no está dictada la última sentencia». La también presidenta de Castilla la Mancha recordó además que «hace ya tiempo que no tiene ninguna responsabilidad orgánica en el partido». Mucho más contundente se mostró la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, quien lamentó la condena contra Carlos Fabra y explicó que «espera que todo se aclare cuando la sentencia sea firme».