El experto en formación de líderes Javier Marigorta, seleccionado hace unos meses para preparar al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tendrá seguramente un mal recuerdo de su relación contractual con el Palau (dada la polémica que generó su contratación desvelada en exclusiva por este diario), pero es posible que no se fuera con las manos vacías. Documentación del expediente sobre su contrato al que ha tenido acceso INFORMACIÓN revela que Presidencia ordenó a mediados de mayo el abono de la mitad de los servicios prestados al presidente, esto es 8.675 euros tras aplicarle la retención correpondiente de 1.821 euros del IRPF. La factura de Marigorta entró en el Registro Único de Facturas (RUF) el 15 de mayo de 2013 y junto con ella un certificado avalándola firmado por la jefa de Presidencia, Esther Pastor, entonces directora general de Organización y Coordinación de la Presidencia.

En el escrito, la hoy secretaria autonómica y mano derecha de Fabra dio el visto bueno al pago al «coacher» «con cargo al programa presupuestario correspondiente, por los servicios especializados en formación de estrategias políticas y liderazgo» al considerar que la factura era de «plena conformidad». Los documentos examinados por este diario revelan cómo el proceso de contratación transcurrió por los cauces reglados y cómo estos sólo se torcieron cuando este diario informó del fichaje. La noticia, publicada el 29 de mayo, cambió el devenir del procedimiento, si bien el compromiso de pago a Marigorta estaba ya en su fase final. De hecho, con fecha 24 de mayo de 2013, es decir, cinco días antes de airearse el contrato, el documento figuraba en la Conselleria de Hacienda en la fase OK Reconocimiento de Obligaciones y Propuesta de Pago. La propuesta de adjudicación del contrato menor de «los servicios especializados en formación de estrategias de marketing político y liderazgo» a favor de Javier Martínez de Marigorta Andreu (Human Excelence in Business) se formalizó el 15 de marzo de 2013. Pastor hizo la propuesta de acuerdo con el contenido de la oferta recibida (al ser contrato menor no hubo publicidad) por un importe de 17.350 euros, IVA excluído. Justificó el contrato en base a que la dirección general carecía de los medios técnicos y personales para la realización de los servicios. Pastor alegó que el objeto de contratación «por su especialidad y complejidad requiere de su prestación a través de empresas con elevada profesionalidad y especialización en la materia». El 11 de abril su dirección general aprobó el gasto.

La noticia de que Fabra había contratado un experto para que le diera clases de liderazgo levantó una considerable polvareda incluso a nivel nacional. Tanto es así que al día siguiente, el 30 de mayo, Presidencia comunicó que el jefe del Consell había dado instrucciones «para que no se abone el servicio en materia de formación para altos directivos». A través de un comunicado se justificó la anulación en «los principios de austeridad» y se hizo constar que «no saldrá un euro de las arcas» del Gobierno para sufragar la citada acción formativa». La contundencia del comunicado contrasta con otro documento al que ha tenido acceso este diario en que no queda clara la decisión adoptada en torno al pago de la factura por los servicios ya prestados del «coacher». Con fecha de 30 de mayo a las 11.37 de la mañana, Pastor envía un correo a la Interventora Adjunta de Presidencia, con copia a Fabra, para que cancelen el contrato con Marigorta. Justifica esta orden en la existencia de una anomalía inexistente en el procedimiento. Argumenta que la propuesta y la aprobación del gasto debían hacerse por la misma dirección general (en realidad así fue) y aduce que en uno de los documentos aparece que la propuesta partió de la dirección general de relaciones informativas y no de la organizacion, como así demuestran los propios documentos. En base a ello, concluye: «Ordeno la cancelación del contrato y el pago de una parte de la factura remitida hace unas semanas». Una frase que en su literalidad comporta que se pedía anular el contrato, pero abonando la factura tramitada.

Este diario ha tenido acceso a otro correo posterior, que las fuentes consultadas atribuyen a Pastor, en el que ante las dudas de la Intervención sobre los motivos para cancelar el contrato, admite que no cabe hablar de irregularidad, sino de «error material» y justifica que para cancelarlo es necesario el escrito de conformidad del adjudicatario, «además de la tramitación del pago de los servicios realizados con anterioridad, contra la correspondiente factura o facturas debidamente conformadas por dicha dirección general».

Dos días después, Fabra declaró que entendía que el coste de un «coacher» no podía ser pagado por los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. «Será asumido, lógicamente, por mí», espetó. Cómo se resolvió finalmente este asunto sigue en el aire. La oposición ha pedido el expediente, pero todavía no ha tenido acceso a él.