Una de las adjudicaciones sujetas al secreto de sumario afectan, precisamente, al antiguo equipo de Presidencia del ahora vicesecretario nacional del PP, Esteban González Pons. Hace menos de un mes, Ignacio Blanch, antiguo apoderado de Orange Market -mercantil a través de la que la trama operaba en Valencia- hasta mediados de 2005, implicó en el supuesto fraude de contratos a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León. Fue el encargado de realizar una guía de la comunicación, cuyo coste, según la Intervención General del Estado, el Consell troceó para adjudicar «a dedo» la contrata. Según relató Blanch al juez, los contactos para lograr la adjudicación se desarrollaron con Dora Ibars -destituida por Fabra tras ser imputada- y Sánchez de León, que ocupaba entonces la secretaría autonómica de Relaciones Institucionales y Comunicación.

Ambas trabajaban a las órdenes de Pons, en aquel momento conseller de Presidencia. El exresponsable de la trama fue más lejos y consideró el precio abonado finalmente por la Generalitat por la guía -unos 88.000 euros- no se correspondía con el coste real. Blanch apuntó que el precio pactado inicialmente con Orange Market rondaba los 24.000 euros.

Por otra parte, el magistrado tomó ayer declaración como testigo al ex director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Enrique Pérez Boada. Ceres adoptó la decisión de citarlo como testigo después de que el ex director de Producción de Orange Market Juan Rincón asegurara que el exconseller Cotino y Pérez Boada negociaron con Correa el contrato que aportó 7,5 millones de euros a Teconsa por la sonorización de la visita del papa. Pérez Boada, según indicaron fuentes próximas al caso, declaró al juez que nunca ha estado con Francisco Correa.