16 de octubre de 2013
16.10.2013

Anticorrupción pide más de 5 años de cárcel para el exedil Kiko Sánchez por los telecentros de Alicante

El fiscal solicita prisión para el exconcejal por adjudicar la instalación de puntos de internet en la zona Norte a una empresa que repartiría beneficios con otra de la que era socio Briones también acusa al hermano del expolítico, a un asesor municipal y a tres empresarios

16.10.2013 | 00:18

Una trama en el cobro de facturas municipales que terminaría beneficiando a una empresa de la que el exconcejal Francisco Sánchez Luna conocido como Kiko Sánchez y su hermano eran socios. Ese es el breve resumen de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción respecto a la adjudicación, cobro y reparto del dinero municipal desembolsado por las obras de doce telecentros en la zona norte de Alicante, creados para que los vecinos tuvieran puntos de acceso a internet. Esta adjudicación presuntamente irregular ha llevado a Anticorrupción a pedir para el exedil cinco años y medios de cárcel.
El fiscal Felipe Briones ha presentado su escrito de conclusiones provisionales sobre el caso de los telecentros de Alicante en el que califica los hechos presuntamente delictivos protagonizados por Kiko Sánchez de prevaricación, cohecho y falsedad en documento público, por los que pide para el exedil en total cinco años y medio de cárcel y 22 años de inhabilitación para desempeñar cargo público.
Briones también reclama cinco años de prisión para un asesor municipal y dos años para el hermano de Sánchez Luna, que fue socio de la mercantil junto al exedil a la que finalmente llegarían el 50% de los beneficios obtenidos de la adjudicación de los telecentros, según el documento presentado por el fiscal en el juzgado.
El escrito del fiscal también acusa a tres empresarios, para los que solicita penas que oscilan entre los dos años y medio de prisión y los cinco. Se trata del responsable de Rótulos CTM, firma que consiguió la adjudicación formal del contrato; el responsable de Uneo, que era socio del concejal y su hermano en esta mercantil, a la que CTM le daría la mitad de la adjudicación, y de la directora de Sinéresis, empresa que según el fiscal «se prestó a la argucia» de fingir ser la instaladora de los telecentros de Plaza Argel y Juan XXIII. Según el escrito de acusación del fiscal, esta última mercantil sirvió de puente para que la firma adjudicataria, que tenía el pacto con la mercantil de los hermanos Sánchez Luna, lograra cobrar facturas que previamente el propio edil había paralizado por problemas entre ambas sociedades (Rótulos CTM y Uneo). Según Anticorrupción, el exedil, conocido como regatista de élite y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona, concibió una fórmula de adjudicación de los telecentros una vez llegó a su cargo como concejal de modernización de Estructuras Municipales del Ayuntamiento de Alicante, junto a su hermano y su asesor.
El plan consistiría, siempre según el escrito del fiscal, en que la empresa en que eran socios los hermanos, la mercantil Uneo, buscara a través de su apoderado, J. Carlos Eslava, otra mercantil para que se hiciera oficialmente con la adjudicación de la construcción de los 12 telecentros de la zona norte, para lo que había un presupuesto de más de 160.000 euros más IVA. Esa empresa adjudicataria fue Rótulos CTM, que a su vez pactó, según Anticorrupción, pagar el 50% de las facturas a Uneo, vinculada al exconcejal. La fórmula de pago del Ayuntamiento a Rótulos CTM se hacía mediante facturas. Entre ese dinero abonado a CTM, esta mercantil reservaría en un primer momento 1.000 euros en negro «para comisiones». El Ayuntamiento pagó a la adjudicataria dos facturas en un primer momento por casi 10.000 euros con el IVA incluido. Sin embargo, el problema se produjo con el abono de otras tres facturas por un total de 13.000 euros más IVA.
El responsable de Rótulos CTM enfermó y la gestión la empezó a llevar su padre, quien descubrió supuestamente la trama, por lo que llegó a grabar conversaciones y a denunciar los hechos. En las grabaciones el responsable de Uneo llega a decirle a éste «el concejal es mi socio». El denunciante, J. A. García, se negó a pagar a Uneo tras conocer el asunto y por ello Kiko Sánchez, «siendo consciente» de la contratación con CTM, paralizó el pago de esas tres facturas que restaba por abonar a la empresa alegando que no había hecho los trabajos. Tras llegar a una solución entre estas dos empresas (Rótulos CTM y Uneo), el edil ya dio el visto bueno de pago, pero tuvo que abonar las facturas a través de otra empresa, Sinéresis, cuya directora ha sido acusada de falsedad en documento público y falso testimonio.

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