La discriminación de la Comunidad en el reparto de los fondos del Estado financiación e inversiones directas viene de muy lejos y ya le ha supuesto dejar de ingresar alrededor de 20.000 millones de euros, cerca de 3,5 billones de las antiguas pesetas. Durante los últimos trece años, con los gobiernos del popular José María Aznar y del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el expolio a las arcas valencianas suma, al menos, cerca de 13.500 millones por el déficit de la financiación, de acuerdo con los datos que maneja la comisión de expertos nombrada por las Cortes; y otros 6.100 en recorte de inversiones, conforme a las tablas que figuran en un informe reciente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana.
La negativa del Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro a la cabeza, a aceptar una nueva reforma del Estatuto para, igual que aprobaron Cataluña y Andalucía, incluir una cláusula que equipare la inversión del Estado a la población, ha vuelto a poner sobre el tapete el debate sobre el trato que el Gobierno de España concede al Consell. De haberse aceptado la propuesta vetada por el PP, Madrid tendría que haber dedicado a la Comunidad inversiones por unos 3.500 millones, a razón de 500 anuales durante los próximos siete. Hubiera supuesto una inyección importante pero, sin embargo, no hubiera paliado un déficit inversor de 6.100 millones acumulado durante los últimos trece años.
Los cálculos de la Cámara de Contratistas de la Comunidad son que en los periodos de gobierno del PP en Madrid 2000 a 2004 junto al bienio 2012/2013 el desfase negativo alcanza los 3.650 millones. Mientras que en las etapas de mandato socialista de 2005 a 2011, el Ejecutivo central dejó de invertir en la Comunidad otros 2.450 millones.
Los datos son reveladores del perjuicio que padecen los ciudadanos valencianos en la distribución de los fondos públicos. De hecho, mientras nuestra población supone el 11% del conjunto de España, en los últimos presupuestos la cuota de participación de la Comunidad en la inversión del Estado sólo supuso, por contra, poco más del 6% del total. Los contratistas, en su informe, apuntan que las inversiones del Ejecutivo autonómico bajo control del PP desde 1995 no compensan, de ninguna manera, el agravio de Madrid con la Generalitat Valenciana.
Otro tanto ocurre con la distribución de la financiación autonómica, el dinero que el Estado envía mensualmente al Consell para poder gestionar sus competencias. Básicamente, Educación, Sanidad y Bienestar Social. El último informe de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) calcula en unos 1.050 millones el expolio que sufre anualmente la Comunidad en el reparto de esa tarta de dinero.
Pero, además, el comité de expertos de las Cortes ya ha cifrado el conjunto de la deuda histórica del Estado con la Generalitat como consecuencia de esa infrafinanciación en 13.485 millones. Incluye el déficit acumulado entre 2002 y 2010, derivado de no haber gozado de una financiación igual a la media per cápita de las autonomías, así como la estimación de 2011 liquidado hace pocas semanas con posterioridad a la elaboración del documento y de 2012 además de los costes financieros. Esto es, el endeudamiento provocado por la patente insuficiencia de ingresos. Así que, a día de hoy, esa cantidad con la que la Comunidad habría dejado de contar podría ser, incluso, algo superior. La Generalitat, de hecho, quedó relegada al furgón de cola tanto en el sistema aprobado en 2004 por impulso de Aznar como en el que se validó en 2009 bajo el mandato del socialista Zapatero. Tanto es así que con las aportaciones ordinarias del actual modelo, el Consell no cuenta con fondos suficientes para poder cubrir ni tan siquiera el coste de los presupuestos dedicados a gestionar Sanidad y Educación.
A pesar de que el déficit de inversiones y de la financiación se acerca a los 20.000 millones de euros desde el año 2000, lo cierto, sin embargo, es que, hasta aquí, los intentos de Alberto Fabra para reclamar una mejora se han quedado en agua de borrajas. El Gobierno de Mariano Rajoy rechaza de plano poner en marcha el nuevo sistema de financiación autonómica a partir de enero de 2014, como reclama la Generalitat. Hasta ahora el reparto se realizaba en base a un modelo de vigencia quinquenal. Con lo que, a partir del próximo año, debería aplicarse de facto un nuevo sistema.
La cúpula nacional del PP, sin embargo, lo descarta. Como rechaza también ahora aumentar la inversión del Estado en la Comunidad, lo que ha obligado a Fabra a solicitar el tercer aplazamiento del debate en una decisión que deja su liderazgo muy tocado. El titular del Consell, necesitado del "dopaje" financiero que suponen los fondos de rescate para mantener a flote la gestión de la Generalitat, no tiene ninguna fuerza, a día de hoy, para mantener un pulso con Rajoy y Montoro.
Este asunto volvió a monopolizar ayer el debate político en la Comunidad. El socialista Ximo Puig, de visita en Elche, advirtió de que la marcha atrás del PP "hace muy difícil que en esta legislatura se vuelva a discutir" esta cuestión. "Los socialistas no pararemos en buscar todas las posibilidades para que finalmente se pueda llevar adelante", añadió. "Lo de ayer era tan fácil como lograr que seamos iguales que Cataluña, Andalucía u otras comunidades, pero el PP dijo no", manifestó el dirigente del PSPV que por la tarde, ya en Valencia, sugirió que no cederá para aprobar la reforma que reduce los escaños de diputados de las Cortes.
Serafín Castellano, número dos de Fabra en la cúpula popular, dejó la puerta abierta a seguir con los contactos. No quiere romper las negociaciones a sabiendas de que el cambio de la Carta Magna de los valencianos necesita del acuerdo de los dos principales grupos parlamentarios. Mireia Mollá, en nombre de Compromís, por su parte, reclamará al conseller Juan Carlos Moragues un informe sobre el impacto negativo del aplazamiento en la reforma. Para EU, el vicepresidente José Císcar debe dar explicaciones del "circo" montado con este asunto.
