El refrán se cumplió al pie de la letra: lo que mal empieza, mal acaba. El PP impidió ayer que se votara en el Congreso una mejora de las inversiones públicas en la Comunidad para equipararlas al volumen de población. Los populares impusieron su mayoría, primero, en las Cortes; y horas después en Madrid para aplazar por tercera vez una reforma del Estatuto que acabaría con la discriminación en el reparto de la inversión. En una jornada plena de confusión, de incertidumbre, de escritos cruzados entre Valencia y el Congreso, de giros kafkianos y hasta de tintes surrealistas, la cúpula del PP, sin embargo, no logró "salvar" el deterioro de la figura del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, con un duro debate en Madrid -autorizado por el presidente del Congreso, el popular Jesús Posada- que sacó a relucir la gravísima situación de la Comunidad, su crisis institucional y económica y puso a prueba la resistencia interna del PP.
Con el rechazo rotundo e inamovible de Génova y del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a elevar las inversiones del Estado en el territorio valenciano, a Fabra no le quedaba otra que intentar "vestir el santo" para que la petición de dar marcha atrás con el debate parlamentario en el Congreso, presentada el mismo lunes en el hemiciclo autonómico, se terminara de sustanciar, dentro del tono que ya había alcanzado la polémica, con un perfil bajo.
Pero a medida que avanzaba la jornada, la madeja se fue enredando más y el lío era de tal calibre que, al final, el asunto desembocó, al margen del rídículo, en una gran polémica parlamentaria y con la evidencia de que el titular del Consell, con una Comunidad en quiebra y con la agenda marcada por la corrupción, tiene un peso político, a día de hoy, inexistente en Madrid. No "pinta" absolutamente nada.
Como adelantó este periódico, las Cortes tenían que resolver antes de las once de la mañana la "patata caliente" en la que se ha convertido una reforma -aprobada por amplia mayoría en 2011, aún bajo mandato de Camps, y que supondría inversiones por 3.500 millones en siete años al nivel de Cataluña o Andalucía- pero que ahora Génova se niega a respaldar por la crisis y para evitar que se abra otro frente más entre sus barones territoriales.
Juan Cotino, titular del parlamento autonómico, sacó adelante la petición de posponer el debate en la Mesa de las Cortes con la negativa de los socialistas. Después, en la Junta de Portavoces, al PSPV se unieron los grupos de Compromís y EU, que, en medio del conflicto, pidieron la dimisión de Fabra y firmaron un escrito conjunto que dirigieron al presidente del Congreso.
Así que a Madrid, en el colmo del dislate, llegaron dos documentos: uno avalado por el PP y rubricado por Cotino con la petición de aplazar el debate. Y otro, firmado por los síndics de la oposición, con el argumento de que no existía ningún acuerdo del Consell para solicitar el retraso y que la decisión de posponer el asunto únicamente se podía tomar por un acuerdo plenario.
Inicialmente y en medio de una notable confusión, se "filtró" que la propuesta de Posada, molesto con el PP de la Comunidad Valenciana por las "formas" en las que se habían producido los dos anteriores aplazamientos, pasaba por trasladar al pleno del Congreso la decisión sobre el retraso.
Esa alternativa dejaba a los populares en una tesitura muy complicada: no sólo asumían el desgaste de renunciar a una reforma destinada a exigir más inversiones para la Comunidad, con lo que ello supone de deterioro, aún más, de la figura de Fabra. Sino que, además, tenían que sufrir el escarnio de ver como se materializaba el rechazo de la cúpula de Génova y del Gobierno a la propuesta. Así que desde el Consell y el PPCV se movilizaron para abortar esa opción. El objetivo era que, en ningún caso, la polémica aumentara con una votación que arrojara la imagen de los diputados populares pulsando el botón de su escaño en contra de los intereses de los ciudadanos de la Comunidad.
Con esa incertidumbre, arrancó el pleno del Congreso a las 16 horas. Posada descartó la posibilidad de votar el aplazamiento amparándose en un informe jurídico. Pero, sin embargo, concedió a los grupos parlamentarios una intervención de tres minutos para fijar posición. Eso, en la práctica, garantizaba la confrontación, elevaba el termómetro de la polémica, retrataba al PP en contra de ese debate aprobado en su día por amplísima mayoría en las Cortes, permitía las duras críticas de la oposición y volvía a dejar a Fabra -con un silencio clamoroso sobre este asunto- a los pies de los caballos. Igual que en las ocasiones anteriores en las que los populares se han negado en el Congreso a mejorar el dinero que recibe la Generalitat a través de inversiones como también la propia financiación autonómica. En total, más de 1.500 millones de expolio anual para la Comunidad.
La actividad en el hemiciclo autonómico arrancará el día 24
Durante la tumultuosa sesión de ayer, la Junta de Síndics de las Cortes aprobó también el calendario parlamentario para los próximos meses, que arrancará los días 24 y 25 de septiembre con el Debate de Política General. Habrá tres plenos en octubre y otros cuatro en noviembre. Diciembre se reservará para los presupuestos. El síndic del PP, Jorge Bellver, también anunció que la comisión de expertos encargada de realizar un informe sobre la financiación autonómica presentará sus conclusiones el día 16 de septiembre. Los grupos de la oposición en las Cortes se quejaron de que la actividad en el hemiciclo valenciano no arranque antes.
