Con un interrogatorio monográfico sobre el plan con el que se pretendía remodelar el estadio Rico Pérez y su entorno se reanudó ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad la instrucción del proceso abierto por los supuestos amaños en el PGOU de Alicante. Un procedimiento que lleva más de un año en esta sede judicial y en el que se busca aclarar si, como mantienen tanto la acusación pública como las populares (que se ejercen en nombre de EU y el PSPV), la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el anterior regidor Luis Díaz Alperi facilitaron información privilegiada del planeamiento urbano de Alicante al empresario Enrique Ortiz, quien a su vez habría recompensado a los políticos con regalos que irían desde viajes hasta un coche. Todos ellos figuran en el listado del imputados en esta causa en la que también se encuentra Jesús Quesada, el aquitecto contratado para redactar la revisión del PGOU y quien ayer declaró ante el instructor del caso, el magistrado Juan Climent, a instancias del fiscal anticorrupción.

Como ya viene siendo habitual en este proceso, tan dispares son las interpretaciones de lo dicho por el arquitecto (quien se negó a responder al abogado de EU aunque sí lo hizo al fiscal) como partes hay personadas en el procedimiento. Además de aquellos letrados que consideraron innecesaria la diligencia de ayer, las valoraciones oscilan entre quienes entienden que el fiscal Felipe Briones salió mal parado de una testifical acordada a instancia suya y los que mantienen que la credibilidad del arquitecto quedó en entredicho a tenor de los «agujeros negros» de su declaración. Entre ellos citan el hecho de que el arquitecto declarara que desconocía que el plan de reforma del Rico Pérez estaba siendo estudiado por la Gerencia de Urbanismo, uno de cuyos técnicos acabó llamando la atención sobre la envergadura del proyecto y la conveniencia de no tramitarlo al margen del PGOU. O que admitiera al menos dos reuniones con Ortiz por este tema cuando él, como redactor del planeamiento, no tenía en principio nada que decir sobre el proyecto presentado por Aligestión, la mercantil del empresario, en la Gerencia.

Frente al hecho de que todas las alegaciones de Ortiz fueron rechazadas con el que la defensa del promotor quiere dejar claro que no recibió trato de favor alguno, desde las filas de las acusaciones restan importancia al resultado final de lo alegado por Ortiz «puesto que todo se negociaba directamente con quien tenía el poder de decisión». Ante esta afirmación, los abogados del empresario insisten en que la mejor prueba de que su cliente no se beneficio es que el estadio sigue como estaba.

Además de Quesada también declaró ayer, aunque el calidad de testigo, la exdirectora general de Aguas Municipalizadas de Alicante y hoy responsable de Concesiones del grupo Agbar, Asunción Martínez, quien aseguró que se reunió una vez por Ortiz para hablar de una parcela que la empresa mixta tiene junto al Rico Pérez pero que ese tema ni tan siquiera se llevó a un consejo de administración, algo que choca a las acusaciones dada la importancia de la operación proyectada que también habría repercutido, de haberse ejecutado, en Aguas.