Canal 9: fundido en negro

Canal 9 nació en 1989 por impulso del Consell que presidía el socialista Joan Lerma con tres objetivos: ofrecer servicio público, proteger la pluralidad y facilitar la recuperación del valenciano. Metas que, sin embargo, comenzaron a distorsionarse demasiado pronto. Casi desde su génesis, la cadena fue utilizada por la Generalitat como una herramienta de propaganda dejando a un lado principios básicos que debían caracterizar a un medio público. Los contenidos críticos con el Gobierno autonómico de turno, de hecho, casi han brillado por su ausencia durante 24 años de actividad. Una tendencia que podría sufrir otra vuelta de tuerca con la entrada en vigor del nuevo contrato-programa de gestión de la cadena, que, de facto, privatizará una parte de la programación.

Los grupos de la oposición repiten, una y otra vez, que Canal 9 es el principal ejemplo de la «mala gestión del PP en la Comunidad». Los escándalos, de hecho, han ido marcando a la cadena: a nivel de control ideológico, de caos en la gestión económica e, incluso, de abusos sexuales, como la denuncia que tres trabajadoras pusieron contra el director de Recursos Humanos, Vicente Sanz, el hombre que, con la llegada del PP, fue el artífice del «fichaje» de más de un millar de empleados, muchos de ellos recomendados por cargos populares. Contratos irregulares, sueldos hinchados, pagos de dietas, ocultación de noticias... La actividad del ente público, de hecho, nunca se caracterizó por la transparencia, como han ido denunciando los sindicatos durante años. Desde su arranque, la cadena generó siempre déficit. Si se echa la vista atrás se puede observar que la ruina de Canal 9 era cuestión de tiempo. El primer director de RTVV, Amadeu Fabregat, ocupó su puesto hasta 1995. Bajo su mandato la cadena contrató a 600 trabajadores, centró su apuesta en las fiestas y en los deportes y acumuló una deuda próxima a los 1.000 millones de pesetas de entonces. Fabregat fue relegado del cargo con la llegada del PP al Consell. Se fue por la puerta de atrás dejando mal sabor de boca a la izquierda valenciana que apostaba por equiparar el modelo televisivo de Canal 9 al de TV3, su cadena homóloga en Cataluña.

Lo peor, sin embargo, estaba por llegar. El aterrizaje del popular Eduardo Zaplana líder del Consell hasta el año 2002 trajo consigo un considerable aumento de la plantilla. El entonces titular de la Generalitat vio en Canal 9 una herramienta perfecta de propaganda que había que explotar y, para ello, se ocupó de colocar en los puestos clave de la dirección del ente a gente de su absoluta confianza. Pero la deuda engordaba a la par que el número de trabajadores. En 1991 figuraban en nómina 550 empleados, una cifra que dista mucho de los 1.695 trabajadores registrados 20 años más tarde. La ejecución del ERE que sacude en estos momentos RTVV y que está previsto que concluya al finalizar el verano, dejará en la cadena a apenas 400 profesionales, menos incluso que cuando se inició la actividad en 1989. Una cifra reducida que, por ejemplo y sin ir más lejos, pone en jaque la sostenibilidad de los contenidos de informativos.

Fue con José Vicente Villaescusa como director general de RTVV, cargo en el que se mantuvo hasta 2004, cuando los problemas de liquidez comenzaron a adquirir fuerza. ¿Por qué? Durante su mandato se permitió que la cadena pública contrayese deuda con las entidades bancarias en lugar de saldar sus cuentas con los aportes del Consell al cierre de cada ejercicio, tal y como se venía haciendo hasta ese momento. El resultado fue desastroso. El déficit de la cadena se disparó a 540 millones en el ejercicio de 2004. El incremento de la plantilla se justificó por la creación de una segunda cadena Notícies Nou aunque, en realidad, el personal contratado para esa actividad fue colocado en Canal 9. Tan sólo algunos trabajadores se ocuparon de sacar adelante ese nuevo canal, concebido inicialmente como una apuesta por el valenciano que había sido relegado por completo en las emisiones de la emisora principal.

La siguiente etapa, inaugurada con la llegada a la dirección de Pedro García Gimeno, cabeza del ente entre 2004 y 2009, antiguo jefe de prensa de Zaplana pero colocado por Camps e implicado en las investigaciones de Gürtel, fue la más oscura. A la mala elección del sistema de financiación se sumaron, además, las irregularidades en los contratos. La muestra fue, sin duda, la cobertura de la visita del Papa a Valencia en 2006 actualmente bajo investigación judicial en el TSJ, cuya retransmisión costó la friolera de 14,5 millones de euros, de los cuales más de la mitad se los acabaría apropiando la constructora Teconsa, vinculada a Gürtel. Pedro García fue, sin duda, el director más polémico de todos los que han pasado por el asiento. Tenía una estrecha relación de amistad con El Bigotes, uno de los personajes clave en la investigación de la trama que dirigía Francisco Correa. El despilfarro en la compra de derechos deportivos, como en el caso sin ir más lejos los 22 millones de euros anuales para la Fórmula 1; o también de los contenidos externos fueron otras de las causas del descalabro económico actual.

La combinación de todos estos elementos provocaría un aumento desorbitado de la deuda que los informes anuales de la Sindicatura de Cuentas llegó a cifrar en 1.139 millones a la salida de Pedro García del ente. Un «agujero» de dimensiones astronómicas. En el año 2009 ya con José López Jaraba como nuevo responsable se rectificó con una vuelta al modelo de financiación original. Un paso que, con la fuerte crisis económica azotando las arcas autonómicas, tuvo, sin embargo, resultados discretos. De hecho, el déficit siguió creciendo de forma imparable.

El mal, desde luego, ya estaba hecho.

Alertas

La Sindicatura de Cuentas venía alertando de la quiebra de RTVV desde su informe de 2003 pero el Consell y los gestores de la cadena fueron haciendo oídos sordos. El derroche lastraba la gestión económica del ente. Muestra de ello es que en el año 2011, en plena crisis económica, la cadena se gastó más de 15 millones en la adquisición de producciones ajenas mientras que la propia se reducía a pesar del alto volumen de la plantilla. Uno de los ejemplos más escandalosos fue la compra de tres documentales a la productora Triskel Audiovisal por un precio de 200.000 euros. Un valor desorbitado teniendo en cuenta que Radiotelevisión Española adquirió material muy parecido por apenas 7.500 euros y que, para rizar más el rizo, de las tres producciones compradas únicamente se llegó a emitir una.

En su último informe, el Síndic de Comptes recomendaba a la cadena «no rebasar el presupuesto autorizado, ajustándose además el gasto a realizar al desglose aprobado». Un consejo que los directivos de Canal 9 nunca tuvieron en cuenta durante la última década. Otro de los ejemplos de la mala gestión fue la prestación de una serie de servicios en concepto de codificación, inyección de datos, multiplexación, transporte y difusión de las señales de televisión digital terrestre a dos televisiones locales que RTVV emprendió en 2008. Este compromiso se alargó hasta 2011. Unos trabajos que nunca se vieron retribuidos y que sumaron a la larga lista de «agujeros» de Canal 9 la friolera de 1,2 millones. Como venía siendo habitual en la gestión del ente, esta actividad no estuvo regulada por ningún contrato hasta el año 2010, lo que significa que durante dos años RTVV impulsó a dos cadenas locales sin cobertura legal.

La falta de objetividad y las injerencias del PP han sido otra de las críticas que más han marcado a la televisión pública valenciana. Los trabajadores de Canal 9, de hecho, denunciaron ante el Consejo de Administración la falta de libertad de expresión y la existencia de una censura previa así como la creación de una plantilla próxima al ejecutivo del PP. Para muestra un botón. Durante el mandato de Villaescusa, hubo un intento de privatizar la cadena. A pesar de las numerosas quejas y de dos sentencias del Tribunal Supremo en contra del proceso, nunca se llegó publicar absolutamente nada.

La entrada en vigor del nuevo contrato-programa de Canal 9, publicado hace unos días en el Diario Oficial, pretende instaurar un nuevo orden en la cadena pública. Entre otras cosas, el modelo establece un sistema de financiación mixto parte de las emisiones se adjudicarán a medios privados, límite de gasto en la contratación de personal y control sobre el endeudamiento. Un documento que, a pesar de ser una declaración de buenas intenciones, está lastrado por el ERE y podría tener fecha de caducidad. De hecho, en esa norma se establece que, en caso de que los tribunales declaren la nulidad del despido colectivo, este nuevo plan será inviable y la cadena cerrará. Un nuevo escenario que, sin embargo, tiene todavía muchos decorados del anterior. Demasiados.