Los informes elaborados por la Policía especializada en delincuencia económica constatan que, en al menos tres obras adjudicadas por el Ayuntamiento de Alicante y que incluirían financiación con fondos del Plan E, la empresa adjudicataria redactó los pliegos de condiciones y proyectos de obras a los que luego concurría tras sacarlas el Ayuntamiento a licitación. Así se desprende de la resolución de la Audiencia Provincial de Alicante del 26 de junio de 2013, recientemente notificada a las partes, en la que se rechaza el archivo del caso solicitado por los imputados y se insta al juez de Instrucción a continuar con la investigación al existir suficientes indicios de delito en el funcionamiento de un extécnico de la concejalía de Atención Urbana, José Lidón, y dos responsables de las mercantiles Becsa y CCMS, ambas adjudicatarias de las contratas municipales. Los tres están imputados por supuestos amaños en contratas, la mayoría financiadas con el Plan E.
Según la Audiencia Provincial, dos informes de la Policía "bastan para concluir que concurren indicios que justifican la continuación de las investigaciones". La resolución destaca que uno de los citados informes policiales "ha constatado que en tres obras adjudicadas a Becsa, cuyo técnico director era José Lidón, la realización de los proyectos y pliegos de condiciones técnicas han sido realizados por J. Valdivieso en formato pdf antes de la publicación de su licitación".
Según los informes policiales Valdivieso era apoderado de Becsa, adjudicataria de contratos como la renovación parcial de la Explanada o la de la Plaza de la Montañeta, adjudicaciones que forman parte de la causa. Así, el informe de la Policía realizado a partir de toda la documentación incautada en los registros domiciliarios evidencia que desde la propia mercantil se redactaron los proyectos que el Ayuntamiento licitaba, pese a ser éste un trabajo de los técnicos municipales. Así, la empresa y la Concejalía de Atención Urbana habrían pactado a medida de la mercantil las condiciones de los contratos presuntamente apañados con anterioridad. Respecto a supuestos sobrecostes, la Audiencia destaca los que se habrían cometido en la calle Eduardo Torroja de Alicante, en Altozano, donde se han detectado "alteraciones e incrementos de precio en la construcción", aunque no se citan en esta resolución de la sala, contra la que no cabe recurso, otras obras de mayor trascendencia para la ciudad.
Servicio 48 horas
Tampoco deja pasar la Audiencia por alto el servicio de 48 horas para el mantenimiento parcial de las vías públicas, proyecto también dirigido por José Lidón y adjudicado a Enrique Ortiz e Hijos, pero quien conformó una UTE con la mercantil CCMS, subcontratada, a su vez, en numerosas obras adjudicadas a Becsa. Este diario publicó en junio del año pasado que el juez indagaba también si hubo pactos previos con funcionarios para que el empresario Enrique Ortiz subcontratara el arreglo de aceras del servicio 48 horas a CCMS. Se da la circunstancia de que una conversación recogida en el sumario del caso Brugal hace referencia al interés de Ortiz por hacerse con este servicio.
Según la sala, también quedan constatadas "las relaciones mercantiles y personales entre las entidades Sedni y Equinord con CCMS en relación con el proyecto de construcción de 40 contenedores soterrados en Alicante". La adjudicataria de la instalación fue Becsa por más de 800.000 euros. La mercantil adquirió el material a la firma Sedni, en cuyo departamento comercial trabajaba José Felipe Llorens Fuster, hermano del concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens.
Por último, llama la atención la interpretación de "el silencio" de los imputados. Dice la sala que en la segunda declaración judicial, solicitada por el fiscal Anticorrupción y acordada por el juez para el pasado mes de abril, "lo que no es justificable, aunque quepa admitir como legítima estrategia de defensa, es argüir el nuevo acogimiento a su derecho a no declarar por esperar el pronunciamiento de esta Sala".
Es "un silencio que cabría ser interpretado por el instructor a la hora de resolver sobre el sobreseimiento o continuación del procedimiento" porque "el silencio, si bien por sí solo nada indica, en conjunto con el resto de las diligencias de investigación sí puede ser interpretado".
