Sí, pero con reparos. El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, avaló ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que el déficit global para las comunidades autónomas quede fijado este año en el 1,3% de su Producto Interior Bruto (PIB) y no en el 0,7% previsto en un principio. El titular de las finanzas autonómicas consideró «positivo» ese cambio (propiciado después de que la Unión Europea decidiera relajar el déficit de España del 4,5 al 6,5%), pero defendió la necesidad de que el Gobierno aplique un déficit asimétrico entre las distintas comunidades.

El conseller intervino en la reunión y reclamó más margen para el Consell. ¿Por qué? Por tres motivos, tal y como ya informó este diario en su edición de ayer. El primero, el punto de partida de la Generalitat. El pasado año, la Comunidad cerró el ejercicio como la autonomía con mayor desfase presupuestario entre sus ingresos y gastos, con un porcentaje del 3,52% del PIB. El Ejecutivo de Alberto Fabra entiende que no se puede exigir el mismo objetivo a autonomías que el pasado año ya se situaron por debajo del 1,3% que a otras, como la Valenciana, con un desfase tres veces por encima de lo exigido en 2012.

El segundo motivo son los intereses de deuda. Y aquí, la Comunidad también aparece a la cabeza del país. Las arcas autonómicas son las segundas más endeudadas de España sólo por detrás de Cataluña y los intereses se han convertido en una losa. Para muestra, un botón. El Consell deberá pagar 3.992 millones en 10 años en intereses sólo por acogerse a los diferentes mecanismos de rescate del Gobierno de 2012.

Moragues, por último, esgrimió la infrafinanciación que sufre la Comunidad para reclamar un déficit diferenciado. Si el actual modelo de reparto de fondos es asimétrico, el déficit también lo ha de ser, vino a decir el conseller en el encuentro de ayer. Durante su intervención, también habló de la revisión del sistema de financiación. Aunque ese punto no estaba en el orden del día, el titular de Hacienda reclamó que se revise «cuanto antes» y que el nuevo modelo tenga en cuenta a los cinco millones de ciudadanos de la Comunidad. Esa batalla, sin embargo, parece perdida. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya ha reiterado que la revisión se aplaza hasta el próximo año. En ese caso, defiende Moragues, la Generalitat reivindicará que se aplique el principio de retroactividad al 1 de enero de 2013.

No será hasta julio cuando se conozca con exactitud el déficit final que tendrá la Comunidad. En la segunda quincena de ese mes está prevista la convocatoria de un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se abordará, al fin, que desfase podrá tener cada autonomía al finiquitarse el año.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que el Gobierno ligará esos objetivos individuales a los planes económicos financieros de las comunidades y afirmó que no descarta fijar objetivos asimétricos en años posteriores si la experiencia funciona este año. «Estamos en condiciones de negociar con cada comunidad para actualizar los planes económicos financieros», sentenció a la conclusión del encuentro de ayer. En él también se abordó, aunque sin profundizar en exceso, la reforma de las administraciones.