Alberto Fabra sale a disgusto por semana con motivo de las investigaciones judiciales por corrupción que salpican al PP en toda la Comunidad. En una resolución de 62 páginas que se conoció ayer, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) tumba los recursos presentados por los catorce imputados en la pieza que investiga las contratas de Fitur adjudicadas por la Generalitat a la red Gürtel y pone al borde del banquillo, junto a los principales cabecillas de la trama como el propio Francisco Correa o El Bigotes, a Milagrosa Martínez y Angélica Such -las dos primeras conselleras de Turismo de Francisco Camps- y al vicepresidente Vicente Rambla, todos actualmente con escaño en las Cortes Valencianas. A los tres dirigentes del PP se les atribuyen delitos de tráfico de influencias y prevaricación. A las dos antiguas componentes del Consell, además, la instrucción las vincula con un cohecho pasivo. Es la primera de las seis piezas en las que, hasta ahora, está dividida la rama valenciana de la trama Gürtel, que concluye su investigación y que, por tanto, queda a expensas de la decisión del magistrado José Francisco Ceres -instructor del sumario en el TSJ- sobre la apertura del juicio oral. Una resolución judicial que cayó como una bomba en el PP de Alicante y que le genera otro problema más a Fabra: decidir el futuro de tres diputados a los que, posiblemente, se les abrirá juicio oral antes que a Rafael Blasco, pendiente de la evolución del sumario de Cooperación.

La investigación analiza las adjudicaciones que, entre los años 2005 y 2009, realizó la conselleria de Turismo a Orange Market -la filial de Gürtel en la Comunidad, controlada por El Bigotes- para organizar la presencia de la Comunidad en Fitur. En la resolución, tres magistrados de la sala de lo civil y lo penal -Pilar de Oliva, Juan Climent y Antonio Ferrer, en su condición de ponente- rechazan los recursos de apelación contra el auto de procesamiento dictado por Ceres en diciembre sobre esta pieza de Gürtel, clasificada con el número tres de las seis que se investigan en el alto tribunal valenciano. El siguiente paso, para el que no existe plazo legal, es decidir sobre la apertura de juicio oral, un escenario que pone a Fabra en la tesitura de tomar una decisión sobre los tres diputados implicados. Las otras cinco personas ligadas a la gestión de Turismo que figuran en el sumario ya no trabajan en el Consell.

Al margen de los tres exconsellers, el TSJ desestima los recursos de Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa, en su condición de cabecillas de la trama; Isaac Vidal, Jorge Guarro, Juan Bover, Ana Grau y Rafael Betoret, ligados en su día a la Generalitat; e Isabel Jordán y Mónica Magariños, empleadas de mercantiles del conglomerado Gürtel. La sala del alto tribunal valenciano encargada de la decisión considera que existen "dudas razonables" o "sospechas fundadas" de la participación de los imputados en los hechos investigados. En el caso de Angélica Such, la resolución no niega que su participación directa sea "muy difícil" de acreditar por prueba directa por lo que deberá recurrise para ello a prueba indiciaria, a lo que se suma, añade, "el tema de los regalos", algo que serviría de refuerzo a las imputaciones. En relación con Vicente Rambla, el exvicepresidente -contra el que la Fiscalía no mantiene acusación alguna- basaba su recurso en que las conversaciones habían sido "malinterpretadas". Los magistrados entienden, al contrario, que el instructor desgrana los indicios de una forma "detallada y razonada".

En su momento, la Fiscalía como la acusación particular -ejercida por el PSPV- ya formularon sus acusaciones. El Ministerio Público pide para Milagrosa Martínez 11 años de prisión y 34 de inhabilitación; para Such otros nueve años de inhabilitación; y solicita el archivo para Rambla. Los socialistas reclaman once, cuatro y uno para el exvicepresidente de la Generalitat. Tanto el PSPV como Compromís retaron ayer a Fabra a expulsar a los imputados de su grupo en las Cortes.