El vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura, José Císcar, ha afirmado hoy que el agua desalada tiene un precio que los agricultores de la Comunitat no pueden asumir y ha señalado que cree que durante esta legislatura se podría aprobar el nuevo Plan Hidrológico Nacional.

Císcar ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Alicante, tras participar en la Junta General de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva).

Ha explicado que en estos momento se está en una fase de elaboración y aprobación de los planes hidrológicos de cuencas para posteriormente, "y ésa es la voluntad del Gobierno de España, elaborar un nuevo Plan Hidrológico Nacional desde la solidaridad y el consenso para que el agua llegue a aquellos territorios que tienen un déficit estructural, como es la Comunitat Valenciana".

Císcar ha subrayado que, entre otras cuestiones, había transmitido a los representantes de las comunidades de regantes que la Generalitat "va a estar siempre a su lado" y que no defenderá nada en los planes de cuencas sin que previamente hayan alcanzado el consenso mayoritario con los regantes.

También ha señalado que cree que durante la presente legislatura se podría aprobar el nuevo Plan Hidrológico Nacional y ha indicado que el Ministerio está en un proceso bastante avanzado de aprobación de todos los planes de las cuencas de España.

El año 2013 y parte del 2014 es de culminación de esa fase, que "está muy avanzada", e inmediatamente después de tener todos los planes de cuencas aprobados se iniciará la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional, ha informado.

"No renunciamos al trasvase del Ebro a la Comunitat. Nosotros tenemos una máxima: el Plan Hidrológico Nacional tiene que garantizar a la Comunitat el agua" que esta autonomía necesita, ha manifestado.

"¿De dónde venga? Eso es secundario. Tiene que ser agua de cantidad y calidad suficientes y a un precio asumible por nuestros regantes", ha subrayado.

Por otra parte, Císcar ha expuesto que la Generalitat no tiene fecha para la puesta en marcha de la desaladora de Torrevieja y ha manifestado la postura "separar lo que son las desaladoras del regadío", porque "el agua desalada tiene un precio que nuestros agricultores no pueden asumir".

"Se tendrán que buscar, y para ello estamos dispuestos a trabajar con el Ministerio, otros usos para esas desaladoras, pero no para la agricultura", ha reseñado.

También ha dicho que ahora se está en la fase de redacción del borrador del plan hidrológico del Júcar y ha asegurado que están hablando con los regantes para "consensuar una postura común para defenderla ante el Ministerio".

Respecto al plan del Tajo, ha explicado que están centrados en el desarrollo los aspectos contenidos en el memorándum de entendimiento que firmaron el Gobierno central y las comunidades autónomas valenciana y murciana.

Según Císcar, todos esos aspectos son de "mejora y funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, partiendo de una premisa: El Estado reconoce la importancia socio-económica y estratégica que tiene el trasvase Tajo-Segura para la economía de la Comunitat y, además, se compromete a garantizarlo".

"Es la primera vez que un gobierno de España con tanta claridad se compromete a defender el trasvase Tajo-Segura", lo que elimina "la incertidumbre" que el anterior ejecutivo del país "introdujo" sobre su "continuidad y permanencia", ha recalcado.

Por su parte, el presidente de la Fecoreva, Benjamín Aparicio, ha defendido que el agua que sobre en algunas cuencas, como la del río Ebro, se destine a aquellos territorios, como la Comunitat, que tienen un déficit estructural.

Ha coincidido con el vicepresidente del Consell al opinar que el precio del agua desalada no es asumible para los agricultores de la Comunitat y ha considerado "fundamental" el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que "ha creado "más de 200.000 puestos de trabajo", para los regantes de Alicante y Murcia.