Antonio Beteta, número dos de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda, ha anunciado hoy en Valencia, en presencia del conseller Juan Carlos Moragues, que el nuevo modelo de financiación autonómica no estará en marcha hasta mediados de 2015, después de las elecciones autonómicas. La decisión es un jarro de agua fría para la Generalitat Valenciana que, condicionada por su colapso financiero, quería que el nuevo reparto de fondos entrara en vigor en 2014. Beteta, no obstante, deja la puerta abierta a que el sistema se aplique con carácter retroactivo.
Beteta: El Estado no aportará un solo euro nuevo porque ya no hay más tarta
El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha asegurado que ya "no hay más tarta" y no habrá "un solo euro nuevo" de aportación por parte del Estado en el nuevo sistema de financiación autonómica.
El secretario de Estado ha manifestado que el actual es "un mal sistema" para todas las comunidades y por tanto se debe cambiar a una propuesta "sensata, creíble, viable y de futuro" y que contribuya "a hacer España".
Siguiendo con el símil gastronómico, Beteta ha indicado que el tamaño de la tarta es pequeño y, por tanto, la porción para cada autonomía va a ser insuficiente.
A su juicio, el sistema de financiación perfecto no existe y "el mejor sistema" sirve para financiar los servicios esenciales y coadyuvar al crecimiento económico.
Actualmente, en que todo se cuestiona, el Gobierno considera "útiles" a las comunidades autónomas y "sin duda tienen futuro".
El secretario de Estado ha afirmado que a día de hoy es "aventurado" poder hacer de forma rigurosa una evaluación del sistema vigente, que sí podría realizarse a mediados de 2015 cuando se liquide el ejercicio de 2013, el primero en que la liquidación será íntegramente del nuevo modelo.
Este año se empezará a trabajar en el nuevo sistema de financiación que, una vez aprobada su entrada en vigor, puede tener efectos retroactivos, ha afirmado.
Una negociación se sabe cuándo empieza pero no cuándo acaba y lo importante no es en qué momento esté aprobado sino qué efecto económico tiene, ha declarado sobre la reforma del sistema.
Preguntado sobre la asimetría en el déficit de las comunidades, ha reconocido que ha surgido ahora por primera vez y, sin embargo, las desigualdades en financiación "vienen de años", y ha recordado que todas las autonomías tienen que reducir su déficit en relación a 2012.
Ha confiado en que las comunidades han aprobado sus presupuestos regionales con el 0,7 % de déficit "y se supone" que esas cuentas son "rigurosas" y están valoradas por la Intervención General.
Beteta ha opinado que el conjunto de las comunidades "merecen" que se tengan en cuenta "las diferencias de quien es diferente".
Durante su intervención, se ha referido en varias ocasiones a la obligatoriedad de cumplir el plazo de pago a proveedores dentro del plazo legal de 30 días "como un elemento exigible e imprescindible" ya que, a su juicio, es "inaceptable e inasumible" el daño que se hace a la economía cuando hay retrasos en los pagos por parte de las Administraciones.
"Es una obligación de los gobiernos tomar medidas, lo que sea preciso, para garantizar que sus gastos se convierten en pagos", ha indicado.
Para ello hace falta un cambio de mentalidad de los gobernantes y que éstos contraten solo lo que pueden pagar, algo que parece normal pero es una "asignatura pendiente", y ha avanzado que el gestor público que gaste lo que no tiene, tendrá su correspondiente sanción e inhabilitación administrativa.
El conseller de Hacienda ha dicho, en declaraciones a los periodistas, que a medio y largo plazo se tienen que estabilizar las cuentas y diseñar un plan de amortización de deuda para reducir los costes financieros.
Moragues prevé que el plan de pago a proveedores se pueda hacer efectivo en septiembre y, sobre las farmacias, ha indicado que se está pagando cada mes 9,6 millones de euros correspondientes a mitad de septiembre, octubre y noviembre de 2012.
Preguntado si puede haber una subida de impuestos, ha afirmado que esta cuestión no está encima de la mesa.
Sobre la reforma del sistema de financiación, han hablado en la jornada dos economistas que han analizado la problemática del actual sistema y el caso valenciano.
Ángel de la Fuente (CSIC) ha criticado el actual sistema porque genera problemas de equidad, los criterios de reparto son "marcianos" y genera un grado de desigualdad "bastante notable", y ha propuesto mayor poder de decisión en los ingresos y gastos de las comunidades a cambio de mayor responsabilidad.
Ha lanzado la idea de una ley concursal pública como "amenaza creíble" para que las comunidades y ayuntamientos eviten las situaciones extremas.
Francisco Pérez (IVIE) ha defendido la necesidad de un nuevo modelo y, en la línea del Gobierno valenciano, que termine con la discriminación con la Comunitat.
