Los funcionarios se resisten a perder la paga extraordinaria de Navidad. La Plataforma Sindical de Empleadas y Empleados Públicos -aglutina a UGT, CC OO, CSI.F, Intersindical Valenciana, Satse, Cesm-CV, USAE, USO-CV, ANPE, Sindicato Libre de Correos, Gestha y Ucesha- presentaron ayer una cascada de reclamaciones en varias administraciones de la provincia con dos reivindicaciones claras. Una, que se abone esa retribución de manera íntegra. Y dos, que en caso de que no se proceda al abono total de la paga, sí se les ingrese, por lo menos, la parte proporcional que sí cotizaron de ella, según aducen. La polémica viene de lejos. Concretamente, desde el 14 de julio. Ese día, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el real decreto-ley que aprobó el Gobierno central para garantizar la estabilidad presupuestaria y que contemplaba, entre otros aspectos, la supresión de esa paga.
Pues bien, desde entonces los sindicatos se han movilizado para que tanto los funcionarios como los empleados laborales, ambos muy castigados ya por los recortes salariales durante los últimos años, pudieran percibir en Navidad la cuantía que venían recibiendo hasta ahora. Pero el tiempo pasó y el Ejecutivo de Mariano Rajoy no dio su brazo a torcer. Se mantuvo en sus trece y este pasado diciembre no transfirió la paga a los funcionarios.
Ahora, sin embargo, los sindicatos han comenzado una nueva ofensiva para tratar de recuperar esos fondos. Ayer mismo, el CSI.F y CC OO presentaron sendos escritos en los registros de la Diputación Provincial de Alicante y el consistorio alicantino, respectivamente, solicitando el cobro de esas cuantías. "Los actos de reducción salarial de las retribuciones de los funcionarios, estatutarios y empledos públicos cuya aplicación supone la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre suponen una clara vulneración de derechos consolidados", reza el documento presentado, al que ha tenido acceso este diario.
En él, los sindicatos exponen toda una serie de motivos que, a su juicio, obliga a las administraciones locales a abonar o bien toda la paga, o bien una parte. El primero hace referencia a la "vulneración" del artículo 9.3 de la Constitución Española, que recoge la "prohibición de retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales y quiebra del principio de seguridad jurídica y confianza legítima". O lo que es lo mismo, el CSI.F y CC OO alegan que en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 aprobados por el Congreso ya figuraba una partida que fijaba las cuantías concretas que iban a recibir los funcionarios por la paga. "Entendemos que existe una quiebra total y absoluta de los principios de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales y de seguridad jurídica proclamados en el artículo 9.3 de nuestra Constitución", explicitan los escritos de las centrales sindicales.
Mal menor
Con este argumento, los representantes de los trabajadores consideran que les corresponde cobrar la citada paga de Navidad de manera íntegra. En caso de que las administraciones desestimen estas explicaciones, los sindicatos reclaman, al menos, que se les abone una parte. En el documento presentado ayer se recalca que los empleados públicos tienen derecho a percibirla, dado que ya cotizaron por ella desde el 1 de junio hasta el 14 de julio, cuando se publicó la resolución en el BOE.
Por último, los sindicatos también alegan que la doctrina del Tribunal Constitucional les da la razón. Esta semana, la Audiencia Nacional también dudó de la constitucionalidad de suprimir el abono de la paga extra.
Anuncian "pleitos testigo" en todas las provincias
Los sindicatos anunciaron ayer que, al margen de los escritos en las administraciones, también presentarán recursos contenciosos individuales a modo de "pleitos testigo" en todos los sectores y provincias, asumiendo las posibles costas judiciales. Una vez que se obtengan las primeras sentencias favorables, se solicitará la extensión de efectos o se arbitrará el mejor de los procedimientos para que el derecho se reconozca a todas las empleadas y empleados públicos valencianos, según informaron. A. F.
