La universidad española se rige por la LOMLOU, que establece tres misiones: docencia, investigación y transferencia. Hasta la fecha hemos tenido mecanismos para evaluar la actividad docente e investigadora de los docentes e investigadores de nuestras universidades y ahora, por fin, también la de transferencia del conocimiento e innovación. Ha sido un proceso muy largo, más de un año y medio de espera para más de 16.000 investigadores e investigadoras españolas que presentaron su solicitud antes de que se cerrara el plazo en enero de 2019.
La convocatoria, todo hay que decirlo, generó grandes expectativas entre los investigadores e investigadoras españolas, y prueba de ello fue el gran número de solicitudes presentadas. Esta iniciativa claramente tenía que haber servido para poner en valor las acciones de transferencia desarrolladas por los investigadores universitarios españoles. Pero lo cierto es que, a la luz de los resultados obtenidos, ha degenerado en frustración para una gran mayoría de los solicitantes. Y la decepción se agrava aún más si se tiene en cuenta que en esta convocatoria se podía evaluar toda la trayectoria de transferencia de quienes han acudido a ella.
En total, los expedientes evaluados han sido 16.151 y la tasa de éxito media del conjunto de los investigadores españoles ha alcanzado un exiguo 42,3%, según datos de la propia ANECA. A mi parecer, esos números dejan en entredicho la transferencia de conocimiento en España en foto fija, máxime al ampliarlos al conjunto de posibles solicitantes.
El sexenio de transferencia ha derivado en un auténtico fiasco y una enorme decepción para una gran parte del PDI de las universidades públicas. A mi parecer, esos números dejan en entredicho la transferencia de conocimiento en España en foto fija, máxime al ampliarlos al conjunto de posibles solicitantes. El malestar ha cundido entre los profesores e investigadores universitarios por los pobres resultados obtenidos, pero el descontento no es sólo por ese motivo. Los solicitantes se quejan, con justeza, de la falta de transparencia y de rigor, de las contradicciones y de los continuos retrasos. Ha fallado el procedimiento, la comunicación y la transparencia. No se han hecho públicos los criterios seguidos para la evaluación de las aportaciones y se tiene la impresión de la falta de un protocolo único, que ha derivado en la aplicación de diferentes criterios en la valoración de los expedientes de los solicitantes, incluso dentro del mismo campo, y más aún en áreas multidisciplinares -cuestión que no ocurre con los sexenios de investigación, que detallan unas condiciones mínimas orientativas para poder tener una evaluación positiva-. Ha existido desconsideración hacia los investigadores e investigadoras, que han visto con estupor cómo se dilataban unas resoluciones en una espera inasumible en cualquier procedimiento de una Administración eficiente. La comunicación con los interesados acerca de las vicisitudes sufridas por el proceso de evaluación ha sido absolutamente insuficiente. Y los resultados finales son de lo más descorazonadores para los investigadores del sistema universitario español, tras unas evaluaciones que sólo han quedado finiquitadas más de un año y medio después de realizada la convocatoria. Por lo tanto, no exagero un ápice si afirmo que no se han cumplido las expectativas generadas cuando se hizo pública la convocatoria de sexenios de transferencia. El profesorado universitario español ha visto, una vez más, defraudados sus esfuerzos y frustradas sus expectativas.
Cierto es que no se ha fomentado ni desarrollado una cultura de la transferencia del conocimiento en España, y no será porque no se venía pidiendo, sobre todo desde ciertos ámbitos académicos que han simultaneado la investigación básica con su conexión económica y social. Pero no es menos cierto que no es creíble, al menos para mí, la imagen unamuniana del que inventen ellos, de un país que no transfiere su investigación a la sociedad, o que lo hace de forma tan escasa que deviene intrascendente. Porque investigar creo yo que sí se investiga, ¡o tampoco!
Entiendo que se hace necesario delimitar nítidamente las acciones de investigación de las propiamente de transferencia, innovación y difusión del conocimiento hacia la sociedad, tal como se ha exigido a los solicitantes. Indudablemente, una acción de transferencia tiene en su base una labor de investigación en el campo de especialización científica del solicitante, ya que sin investigación no podría haber transferencia en ninguna de sus formas, pero resulta clave clarificar que las aportaciones cuya labor se destina a la sociedad y sus grupos de interés deben considerarse como transferencia en cualquiera de las modalidades contempladas: formación de investigadores, trasferencia del conocimiento propio en otras instituciones, generación de valor económico y generación de valor social.
A estas alturas, resulta imprescindible que, en aras de la transparencia del procedimiento, se hagan públicos los criterios de baremación de la comisión de evaluación. Asimismo, se debe mejorar la objetividad y la homogeneidad de los criterios observados por todos los evaluadores y, consecuentemente, las condiciones de evaluación de todos los solicitantes. También es necesario que se justifique adecuadamente la nota emitida de acuerdo con los indicadores ajustados a la guía de evaluación.
Este protocolo único de actuación no debe ser obstáculo para que en cada campo científico se tengan en cuenta sus especificidades propias, dadas las diferencias notables que existen en función de la naturaleza de cada rama de conocimiento, lo que puede materializarse en diferente cuantía económica de las acciones prestadas, duración del esfuerzo del investigador, número de contratos de formación asociados, facturación alcanzada y empleos desarrollados, entre otros indicadores.
En definitiva, se debe mejorar sustancialmente la transparencia del procedimiento de principio a fin, para lo cual se necesita establecer un protocolo único que garantice la igualdad de oportunidades de todos los solicitantes y reduzca al máximo la arbitrariedad de los juicios emitidos. Deben respetarse los plazos establecidos y evitar las demoras injustificadas, y se tiene que mejorar la comunicación entre la administración y los administrados. Se ha de dotar al sistema con las herramientas que garanticen los principios de una gobernanza responsable, democrática y eficaz. Y, por parte de las instituciones universitarias, debemos generar mecanismos para que el PDI de nuestras universidades se sienta acompañado en las diferentes convocatorias de evaluación de su actividad, facilitando su tarea.
Estoy convencido de que los escasos resultados obtenidos no son un reflejo de la actividad de transferencia de nuestras y nuestros investigadores. Más bien, es consecuencia de la falta de claridad de la convocatoria que ha llevado a los y las investigadoras a no identificar correctamente las aportaciones de su curriculum que maximizan su valoración por parte de los evaluadores.
