Vino a decir hace unos días Juan Ramón Gil en su artículo La Justicia no es un cachondeo que, a pesar del jarro de agua fría que ha supuesto para cualquier demócrata de la Comunidad Valenciana la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial por la que absuelve a los treinta y cuatro acusados en el caso Brugal, el Estado de Derecho ha salido indemne de semejante decisión por cuanto se ha ajustado a derecho en un juicio celebrado con todas las garantías. Y añadió, con toda la intención, que después de haber esperado alguna explicación jurídica por parte de los insignes catedráticos y especialistas en Derecho que pueblan la prensa y la provincia de Alicante (en realidad sólo se refirió a profesionales del Derecho) había decidido contestar a la pregunta de si esta sentencia podía enmarcarse dentro del concepto de Justicia o no.
El argumento de su artículo explicado como lo hace Gil hay que reconocer que es correcto, bien desarrollado y ecuánime. También pienso que, si algún día se animase a escribir sus memorias periodísticas contando todo lo que sabe sobre la política, economía y justicia de la Comunidad Valenciana de los últimos veinticinco años, esta temblaría de cabo a rabo. Quién sabe si lo hará.
Sin embargo, y a pesar de que esta sentencia ha supuesto un varapalo para el concepto de justicia que tenemos buena parte de los habitantes de la Comunidad Valenciana, en realidad, es una más de las que se han dictado en la última década en España sobre casos de corrupción que en su momento parecieron trascendentales pero que el paso de tiempo ha colocado en el olvido. Da igual lo que haya pasado en la Comunidad Valenciana en relación con los políticos y la corrupción o con conductas inapropiadas y censurables: todo se olvida. Esta sentencia absolutoria viene a profundizar en la sensación de que la corrupción siempre gana. Todo lo que hay que hacer es conseguir que el tempus judicial se prolongue lo más posible a base de inundar al juez instructor de peticiones de prueba absurdas, así como con el traslado de la causa de un juzgado a otro valiéndose de la situación de aforados que suelen tener los principales imputados en este tipo de causas judiciales. ¿Con qué intención? Con la de que en uno de esos continuos «paseos judiciales» algún funcionario cometa algún error y se invalide toda la causa o parte de ella por violación de los derechos fundamentales del acusado al haberse, por ejemplo, reproducido las frases de una conversación en papel repro en vez de en papel timbrado. Ya sé que esto es una exageración, pero es en lo que parece que se han convertido las macro causas por corrupción que se celebran en España cada cierto tiempo.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el hecho de que una vez conocida la anulación de las conversaciones telefónicas del caso Brugal y la absolución de los treinta y cuatro imputados, el constructor Enrique Ortiz presentase en el juzgado a los pocos días de la sentencia de la Audiencia Provincial escrito por el que se retractaba del acuerdo alcanzado con la Fiscalía el 15 de abril -por el que sólo iba a ser condenado a dos años de prisión - y en el que reconoció que había obsequiado a Sonia Castedo y a Luis Díaz Alperi con regalos y dinero para así poder modificar a su gusto el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Alicante. Esto demuestra que los abogados de gran prestigio que suelen representar a imputados en casos de corrupción se juegan el resultado de su defensa jurídica a un golpe de suerte o a un error de algún funcionario para de manera inmediata pedir la anulación de toda la causa. Dónde están, me pregunto, esas grandes capacidades argumentativas, esos discursos oratorios que harían enmudecer al mismísimo Cicerón. Al final todo se reduce al clásico marear la perdiz.
Que la Audiencia Provincial haya entrado a valorar el fondo del asunto una vez ha declarado nulas las conversaciones telefónicas carece de sentido. Es obvio que aquellos que han movido los hilos de la corrupción en la Comunidad Valenciana en los últimos veinte años no iban dejando pruebas físicas por donde pasaban. De ahí la importancia de las conversaciones telefónicas porque era sólo en la intimidad de hablar con alguien por teléfono donde los imputados contaban la verdad que podía ser acreditada con hechos ciertos.
Ya pueden venir los padres de la Iglesia con mil y un argumentos que traten de probar una supuesta exquisita adecuación de la sentencia absolutoria del Caso Brugal al derecho vigente. En la Comunidad Valenciana se extendió la corrupción gracias a la colaboración de políticos del Partido Popular para obtener beneficios personales o financiación para su partido. Con esto último se consiguió que una gran parte de la sociedad valenciana viera normal que unos pocos se aprovechasen del bien común. Puede que roben, se decía, pero reparten.
