La norma en el periodismo es que una información solo se considera "off the record" cuando se ha acordado entre ambas partes desde el principio. Cuando el informante le ha contado al informador algo y le pide de antemano que no lo publique o difunda. Si hay acuerdo, debe respetarse escrupulosamente. Esta práctica ha causado más de un problema lesivo para la noticia aunque no siempre para el ego del que recibe la confidencia; los políticos y sus asesores han mostrado afición por los "off the record" y muchas veces se han valido de ellos para sus intereses más oscuros.
No existe nada fuera de registro en las atolondradas palabras de la ministra Irene Montero a la televisión vasca con motivo del 8M, en primer lugar porque la conversación está registrada. Se trataría, en último caso, de una grabación robada. Los periodistas no traicionaron ningún "off the record", al no haber sido advertidos. La filtración trasciende en circunstancias especiales, como sucede otras veces, por el interés de alguien en que se conozca lo que el confidente dijo y se niega a admitir públicamente. En ocasiones tiene mayor trascendencia informativa que las propias palabras difundidas. Se parece más a cuando Zapatero confesó a Gabilondo, sin percatarse del micrófono abierto, aquello de "Iñaki, nos conviene que haya tensión". O cuando Rajoy confesaba de modo "informal" que la reforma laboral le iba a costar una huelga. O al día en que el expresidente popular comentó que asistir al desfile del día de las Fuerzas Armadas era un coñazo. Un "off the record" ostensible fue, en cambio, el de Adolfo Suárez que, tapando el micro en una entrevista con Victoria Prego, en 1995, reconocía la manipulación del referéndum constitucional para consolidar la monarquía.
Montero, consciente del riesgo y de sus palabras, no quiso pronunciar en público lo que sabía. "No lo voy a decir, tía". Como suele ocurrir, la toma falsa fue una vez más la auténtica.
