No puedo estar de acuerdo con la decisión de la Generalitat Valenciana de no pedir el pase a la fase II este lunes. La prudencia, sin más datos de carácter técnico y suficientes, no meras especulaciones, que la avalen, no es razón para hacer exactamente lo mismo que hizo el Gobierno para negarnos el pase a la fase I, mereciendo por ello un buen revolcón.
Si nos fijamos, las diferencias entre la fase I y la II en relación con las posibilidades de un repunte son mínimas y más tienen que ver con las medidas de seguridad que se adopten y tomen, que con la apertura o no de centros comerciales, cines, restaurantes, etcétera?Siendo pocas las diferencias a nivel sanitario, lo son y muy importantes a nivel económico y una semana más o menos no es baladí y puede suponer el cierre de buen número de empresas y el despido de miles de trabajadores. Es política y la política no puede ser cobarde o refugiarse en la prudencia sin elementos objetivos o estudios que lo acrediten. Y si se trata de falta de medios, adoptarlos o, mejor aún, haberlos adoptado mucho antes. Sucede, pues, que la opacidad vuelve a primar en este proceso de la llamada desescalada, sin referentes similares en Europa y que, sin bases suficientes para sostener que previene una enfermedad poco conocida, sí es evidente que daña profundamente una economía que no parece preocupar en exceso a un PSOE perdido en sí mismo, aquí y acullá, superado por los acontecimientos, sin referentes ideológicos claros, con una dirección peligrosa para la nación y sin que los llamados barones reaccionen a un futuro que se va a llevar por delante a este partido centenario que merece mucho más.
Hablar de prudencia, teniendo en cuenta la imagen que nos ofrece el gobierno de España es casi una ofensa. No puede pedir prudencia un gobierno débil, fragmentado, roto en apariencia y que cada día pacta medidas contradictorias entre sí que generan incertidumbre. Este gobierno, apoyado en grupos diversos de ideología en su mayoría no moderada, no puede, con estos mimbres, afrontar una crisis económica y social enorme. La prueba más evidente la ha dado esta semana el acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral íntegramente. Hoy, con miles de ERTEs, insistir en aplicar acuerdos suscritos en otro tiempo y circunstancias es únicamente expresión de incapacidad para afrontar los retos que se nos presentan. Si la gobernabilidad o, mejor dicho, el mantenimiento de un gobierno dependen de pactos que empeoren la situación económica y social, debe darse paso a otra estrategia en la que se opte por cambiar de apoyos o convocar elecciones. Porque, es de una evidencia incontestable que los fondos que necesita España no van a venir de la mano de un gobierno en cuyo seno un partido, Unidas Podemos, era o es partidario de no pagar la deuda. O de otros partidos antisistema que no van a colaborar, antes al contrario, en el mantenimiento del país, pues buscan y no engañan «su» revolución y la caída del régimen. De ahí que los pactos rompan, no ayuden, pues lo pactado se contradice con lo decidido en esa tensión permanente por mantenerse sin buscar apoyos en el centro derecha, la mitad del país, en el marco de una política que necesita la confrontación, la irracionalidad de la radicalidad, es decir, lo que necesitan los políticos de hoy para subsistir, que no es acumular méritos propios, sino pregonar defectos y pecados ajenos, no ganar por méritos, sino por deméritos o desprestigio de los adversarios.
Negociar es razonable. Pero, no hacerlo con el mayor partido de la oposición, al que se pide obediencia y mostrarse obsecuente con partidos radicales y extremistas dándoles lo que piden sin tasa, explica bien que no es un acuerdo bueno para España lo que quiere el presidente. Si tiene que mercadear con los restos de la lógica y a veces de la virtud es por propia decisión. Mantener el llamado pacto de investidura se presenta como incompatible para afrontar la crisis económica. Europa, ya sin tapujos, está manifestando su enorme preocupación con nuestro país, al que ve a la deriva y sin rumbo. Muchos son ya los avisos y las advertencias y no escuchar a quien te puede solucionar el futuro, el único, es poco comprensible. Sánchez verá qué hace.
Por eso vuelvo a insistir en que la solución de futuro no puede ser otra que un acuerdo entre PSOE y PP. Ni uno, ni otro pueden garantizar la moderación y el consenso mayoritarios para salir de una crisis profundísima. España necesita un gran gobierno de coalición, centrado y moderado, que respetando el sistema, mantenga el carácter social necesario para proteger a los más afectados por esta y todas las crisis. Ni revolución, ni involución. O, si se quiere, un gobierno del PSOE con apoyo del PP basado en pactos esenciales que sirvan para afrontar la crisis sin utilizarla como arma contra el mayor adversario. El hecho de ser corresponsables en las medidas que haya que adoptar, de rechazar la confrontación, sería un avance muy importante.
Pero, es Sánchez el que debe decidir, como presidente y ha demostrado y dicho que no, que el no es no otra vez y que quiere continuar con sus pactos imposibles. Así las cosas es el PSOE el que debe valorar su conducta y responsabilidad y plantearse su posición. Ya lo hizo una vez y hoy posiblemente deba actuar del mismo modo. Por el bien de todos.
